El mejoramiento de la gobernanza de las empresas de propiedad estatal es una tarea a la que se han dedicado esfuerzos y recursos, tanto en las economías avanzadas como en desarrollo, durante los últimos años.
Es un esfuerzo que, bien diseñado desde lo técnico y ejecutado con un verdadero compromiso político, rinde frutos importantes en el desempeño económico y financiero de estas empresas y, especialmente, en términos de los efectos que su quehacer significa en términos colectivos y sociales más amplios.
Por una parte, una apropiada estructura de gobierno corporativo –entendido éste como la forma en que se diseña, integra y funcionan en la práctica los diferentes órganos que toman las decisiones dentro de las organizaciones– es más que un lastre regulatorio o de control –como muchas veces es visto, especialmente cuando son mal diseñadas o ejecutadas con desgano las políticas que lo implementan– sino que se trata de un componente que añade valor, es decir, que mejora la gestión de las empresas públicas en términos de eficiencia, eficacia y administración de los riesgos relevantes.
Las empresas de propiedad estatal con buenas estructuras de gobernanza tienen mejores mecanismos de toma de decisiones, más tiempo y recursos para la definición de estrategias de largo plazo y, por tanto, suelen cumplir mejor con los objetivos que la sociedad les ha asignado, y especialmente, mostrar mejor capacidad de reacción para adecuar su funcionamiento a las cambiantes condiciones económicas y sociales en las que se desarrollan sus actividades.
La otra dimensión en la que se vuelve imperativo tomar con seriedad la tarea de mejorar la gobernanza de las empresas estatales guarda relación con los esfuerzos para restaurar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas y, finalmente, en los procesos de representación democrática.
Una buena estructura de gobernanza en las empresas de propiedad estatal significa mayor transparencia, control, rendición de cuentas y profesionalismo en la gestión, todos elementos que no sólo son demandados hoy por los diferentes actores sociales y políticos, sino que, además, son una parte crucial de las condiciones necesarias para la obtención de resultados favorables en términos empresariales.
Estas estructuras, cuando son bien construidas, le permiten a las empresas públicas poder cumplir con eficiencia sus objetivos económicos y, a la vez, gestionar democráticamente la atención de las demandas de los diferentes stakeholders relacionados con su funcionamiento: desde sus clientes directos, pasando por grupos de interés internos y externos y, finalmente, el gobierno y los actores políticos más tradicionales.
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