La situación que atraviesa nuestro país demanda soluciones innovadoras y una toma de decisiones rápida sobre el desarrollo de nuevas tecnologías, con el fin de permitir prestación de servicios esenciales, que permita aprovechar las condiciones tecnológicas con que contamos actualmente.
El caso de los servicios financieros es un muy buen ejemplo. Muchas instituciones han tenido que explorar, con mayor rapidez e intensidad, soluciones tecnológicas que permitan a los usuarios herramientas simplificar el acceso a múltiples servicios financieros.
Actualmente, en el país existen varias decenas de empresas fintech, que ofrecen servicios diversos, desde realizar pagos en todo tipo de comercios, solicitar créditos de forma 100% digital y hasta realizar inversiones en distintos instrumentos financieros.
Estamos frente a un nuevo tipo de servicios que se ha convertido, cada vez más, en una necesidad para las instituciones financieras y para los usuarios en general.
Ahora bien, este tipo de servicios requiere un tratamiento claro, desde el punto de vista regulatorio y también fiscal, con el fin de generar un ambiente óptimo de desarrollo de cada vez más y mejores opciones en este sector.
Sin embargo, existe todavía dudas importantes sobre el tratamiento fiscal, que requiere un análisis complejo, según cada caso concreto.
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Por ejemplo, existen varias alianzas entre empresas del sector financiero y empresas fintech, que se pueden ver impactadas por aumento en los costos, pues varios servicios relacionados con estas tecnologías se encuentran exentos del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) al ser prestados por instituciones reguladas a sus usuarios.
Sin embrago, los fees que las instituciones financieras cancelan a las empresas fintech no necesariamente se encuentran cubiertas por la misma exención, en consecuencia, el IVA soportado se debería sumar al costo de estos servicios, repercutiendo, por lo menos de forma indirecta, en las comisiones que cancelamos como usuarios finales.
La coyuntura actual amerita una revisión del tratamiento fiscal de este tipo de servicios, a fin de realizar los ajustes necesarios a nivel normativo, con el fin de generar un ambiente seguro que permita incentivar el desarrollo y aplicación de tecnologías que, sin duda, generarían beneficios directos para usuarios en general, motivando con ello el dinamismo de la economía.