La Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), no dará trámite a ninguna solicitud de condonación de deudas debido a la petición de la Contraloría General de la República (CGR), de declarar inconstitucional la ley que perdona ¢5.515 millones en operaciones de crédito otorgadas a productores.
Dicho órgano reitiró que, hasta el momento, no han efectuado ningún trámite de perdón de deudas porque no se ha publicado el reglamento de la Ley de Apoyo a beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo.
“Hasta la fecha la Secretaría Técnica del Consejo Rector, no ha recibido ninguna solicitud para el trámite de condonación de posibles beneficiarios que (…) deben ser gestionadas por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por consiguiente, no se ha aplicado el beneficio de condonación a ningún posible beneficiario de dicha ley”, destacó dicha Secretaría, en un comunicado de prensa publicado este 7 de junio.
La legislación perdona un monto total de deudas por ¢6.242 millones, a 2.400 productores, debido a los supuestos impactos de la emergencia provocada por la pandemia.
Sin embargo, la CGR detectó que el 82% del monto, es decir, los ¢5.515 millones, no está ligado con la pandemia. Se trata de 2.602 operaciones de crédito activas y 66 en cobro judicial.
Precisamente, por esa razón, la Contraloría presentó una acción de inconstitucionalidad, el pasado 4 de junio, contra la ley aprobada por los diputados en febrero pasado.
La ley usa la figura de condonación para perdonar deudas, devolver bienes y dar por finalizados procesos judiciales cuyas costas del proceso las asume el SBD.
La Secretaría Técnica del SBD subraya en el comunicado que la ley no implica una condonación de oficio, sino un consentimiento legal, para los casos en que el deudor logró consignar su imposibilidad de hacerle frente al crédito dado por el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), anteriormente Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade).
“La condonación, para los casos que califiquen, incluye el monto del principal adeudado, intereses corrientes e intereses moratorios, así como del pago de costas personales y procesales (en caso de procesos en cobro judicial), así como las operaciones registradas contablemente como insolutos, de todos aquellos productores y organizaciones que hayan obtenido créditos a través de los siguientes fideicomisos o programas especiales”, destacó la Secretaría Técnica del SBD.
La CGR solicitó a los magistrados, en específico, anular dos artículos de la norma porque son contradictorios con la exposición de motivos de la legislación, por lo cual no quedan claras las verdaderas razones de la condonación de las deudas.
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“En los artículos aquí impugnados es claro que las condonaciones reguladas en la ley de marras se dan sobre obligaciones antiguas del SBD e incluso operaciones ya declaradas como insolutos, lo cual es material y jurídicamente imposible vincular con la pandemia generada por la covid-19”, se explica en el expediente 21-010749-0007-CO, del cual tiene copia La Nación.
Esto significa, para la CGR, que se genera una inconstitucionalidad por falta de conexidad entre el medio escogido y el fin buscado. Además, porque hay una falta de razonabilidad y proporcionalidad en la medida aprobada por los diputados.
Entre los programas donde se condonan deudas están el Fideicomiso de Reconversión Productiva 520-001 CNP/BNCR, el Fideicomiso 5001-001 INCOPESCA/Banco Popular, el Fideicomiso 05-99 MAG/Pipa/Bancrédito, y el Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuarios para Pequeños y Medianos Productores.
Además, el Fideicomiso para el Financiamiento del Proyecto de Crédito y Desarrollo Agrícola para Pequeños Productores de la Zona Norte, el Programa Especial Mejoramiento de la Productividad y Competitividad de los Pequeños Productores de Arroz, entre otros.