El Proyecto de Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos cuenta con el apoyo necesario para su aprobación en la Asamblea Legislativa, confirmaron a La Nación diputados consultados.
De concretarse el respaldo, la iniciativa de ley se votaría durante la última semana del mes en curso, pues tiene pendiente el trámite de tres de los cuatro días habilitados para que los diputados presenten mociones de reiteración.
El plan ingresó al Congreso, en enero anterior, y ocupará los primeros lugares en la agenda de discusión de sesiones extraordinarias de los legisladores en agosto.
La iniciativa daría herramientas al Poder Ejecutivo y al Banco Central para frenar los ingresos de capitales financieros en un plazo muy corto y así evitar que desestabilicen la economía del país.
En específico, se podía incrementar la tarifa del impuesto sobre la renta que se aplica a los rendimientos financieros que reciben las personas no domiciliadas en Costa Rica de un 8% hasta un 38%.
Esta potestad, dada al Ministerio de Hacienda, solo podrá utilizarse tras la recomendación del ente emisor y por seis meses.
Respaldo. Según el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Edgardo Araya, la propuesta cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) lo cual garantiza la cantidad de votos necesarias para ser aprobada.
Carmen Muñoz, jefa de esta última bancada, confirmó están a favor de la propuesta de ley.
Por ahora, la diputada Patricia Pérez, del Movimiento Libertario, es quien más mociones ha presentado para aclarar varios aspectos del proyecto. Tales como cuáles inversiones se pueden considerar especulativas y que, por lo tanto, estarían sujetas a ser gravadas.
Pero los cambios, de concretarse, tampoco tranquilizarían a la legisladora, quien considera que el proyecto perjudicaría la llegada al país de Inversión Extranjera Directa (IED) a largo plazo.
“Eso sería fatal en momentos en que la economía costarricense se desacelera”, advirtió.
Por su parte, el diputado Luis Fishman agregó que el proyecto podría resultar inconstitucional al darle la potestad al Banco Central de imponer el tributo de renta a las inversiones por un plazo de hasta seis meses.
El legislador sostuvo que la actual situación macroeconómica costarricense y mundial hacen innecesario el proyecto de ley. Colaboró Óscar Rodríguez A.