Plan fiscal en manos de la Sala y ¿usted?

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El pasado 14 de marzo, una mayoría significativa de los diputados hizo finalmente una decisión conforme el mandato constitucional de los legisladores: promulgar la leyes de la República.

Siendo una situación que queda ciertamente en suspenso, hasta que la Sala Constitucional no decida los recursos y que –es nuestro criterio– versan en el fondo sobre los mismos aspectos de forma en el trámite legislativo, a pesar de una votación mayoritaria para la aplicación de la vía rápida al proyecto.

Es importante considerar que ahora se debe resolver de manera acumulada –en nuestro criterio– todos estos recursos, de una forma que permita conocer las reglas de juego y dé certidumbre jurídica a todos los actores.

Está claro que la suerte del proyecto antes del segundo debate y sanción como ley de la República y su viabilidad jurídica está en manos de la Sala IV.

Cabe ahora preguntarse, ¿en manos de quién está usted como lector afectado por estas nuevas normas? Ante la pregunta, los diversos actores tienen respuestas múltiples, unos de orden proactivo, como nos parece que deben ser los contribuyentes conscientes de la necesidad de asegurarse que no les tome por sorpresa la intempestiva resolución de la Sala Constitucional. Pero hay otros que apuestan a que la Sala abortará este proyecto.

Las posiciones son respetables, pero es recomendable que los contribuyentes efectúen un análisis de sensibilidad de sus actividades a la posible aprobación en un plazo relativamente corto del proyecto en segundo debate.

Parece recomendable por seguridad jurídica y economía de procedimiento jurisdiccional, que las causas presentadas por el diputado Luis Fishman en primera instancia y las que se lleguen a presentar en los próximos días se acumulen por razón de fondo, con la consulta prescriptiva de constitucionalidad ya presentada, procedimiento éste que es el único que impone a la Sala Constitucional plazo perentorio.

Esto dará a los agentes privados conocimiento de reglas claras así como a las autoridades económicas de las medidas requeridas para complementar o suplir las variables de equilibrio de la economía.