Países de UE acuerdan disciplina fiscal

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Bruselas. EFE Los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea (UE) respaldaron ayer la mayor reforma de la disciplina fiscal desde la creación del euro, incluidas nuevas sanciones políticas y financieras contra países que incumplen.

El Consejo Europeo, máximo órgano político de la UE, avaló las conclusiones del grupo especial creado en mayo, tras la grave crisis que afectó a Grecia, y que prevén sanciones más tempranas y duras para los países con problemas presupuestarios o que eviten cumplir los consejos para remediar sus desequilibrios macroeconómicos.

El acuerdo que respaldaron ayer los líderes europeos fue cerrado el lunes pasado por sus ministros de Finanzas en Luxemburgo, después de que los máximos dirigentes de Francia y Alemania resolvieran sus diferencias en una cumbre bilateral celebrada en Deauville (Francia) .

La reforma refrendada introduce una amplia gama de castigos, que se aplicarán a los países de la zona euro desde la fase preventiva, mediante un complejo sistema de activación que pretende ser más automático y menos dependiente del consenso de los Veintisiete.

El nuevo sistema, que rebaja las propuestas efectuadas por la Comisión Europea en este sentido, no ha satisfecho al presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, que se desmarcó del documento final aprobado en Luxemburgo, en el que obligó a incluir una nota en la que aseguraba que “no comparte” en todo el contenido.

Entre las novedades destacan los castigos en la fase preventiva, que consistirán en el bloqueo de depósitos que generarán intereses, y que serán devueltos en el caso de que el país afectado tome medidas para corregir su situación en el plazo de seis meses.

También destaca un nuevo sistema de activación que se aplicará para algunas de las sanciones y que consiste en que los castigos propuestos por el Ejecutivo comunitario serán aprobados sin necesidad de pasar por el Consejo, a no ser que una mayoría cualificada de países se oponga en un plazo.

Ese nuevo tipo de “mayoría cualificada invertida” fue un punto candente de la negociación.