Presentar la cédula ya no es suficiente para comprobar su identidad en la sucursal del BAC San José, en la avenida segunda. Ahora también debe corroborarla con la huella digital.
Ese banco privado es el primero en contratar el verificador de identidad digital (VID) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que, según esa institución, elimina todas las posibilidades de sufrir engaño por suplantación de identidad.
El sistema coteja los datos que aparecen en la cédula del cliente con los de la base de datos del registro del Tribunal.
Si la huella digital coincide con la información que está en la base, el sistema le devuelve una imagen de la persona con los datos demográficos que aparecen en la cédula.
Si no, alerta al funcionario para que no realice el trámite.
Por cada consulta, el TSE le cobra entre $0,11 y $1, dependiendo del paquete que haya adquirido la empresa.
Alianzas. El VID es el primer producto comercial que lanza el TSE al mercado desde que un artículo del Código Electoral se lo permitió, en el 2009.
Lo hace en alianza con Radiográfica Costarricense (Racsa), firma estatal que se enfoca en servicios para entidades públicas y, que desde el 2010, ha enfrentado problemas financieros .
Dennis Cascante, encargado del proyecto en el Tribunal, explicó que Racsa ha cumplido de manera exitosa con otros trabajos conjuntos.
La compañía estatal distribuirá y venderá el servicio. Además, se encargará de hacer la conexión a las consultas de verificación y lo facturará.
Empresarial. Para contratar la plataforma, puede ingresar al sitio web tse.go.cr y ahí encontrará la información.
La inversión consiste en comprar el hardware identificador de la huella digital e implementar el servicio en su sistema.
La plataforma solo muestra una imagen que no permite almacenar los datos de las personas, pero puede adaptarse a las necesidades de la empresa.
Por ejemplo, si la compañía necesita guardar el número de cédula y el nombre de sus clientes (de acceso irrestricto), puede pedir una variación en el sistema. No podrá almacenar datos como la dirección física de la persona, pues es información sensible.
Cascante explicó que los bancos y los notarios son públicos que necesitarían de este tipo de herramientas, aunque carecen de estadísticas sobre la suplantación de identidad en el país.