La Dirección General de Tributación deberá abstenerse de recopilar, almacenar y transferir datos sensibles de los grandes contribuyentes en el sistema conocido como AMPO.
Así se desprende de la resolución de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.
El fallo, del pasado 31 de julio, se emitió luego de que la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) y las empresas Alimentos Jack's e Industrias de Oleginosas Americanas cuestionaran la obligación de registrar información de sus accionistas o proveedores en el Análisis Multifuncional Programado y Objetivo (AMPO).
La Agencia determinó que el fisco no puede obligar a los grandes contribuyentes, alrededor de 500, a dar información de un tercero sin contar con su consentimiento.
"La recopilación de datos de acceso restringido y datos sensibles debe de darse bajo una presuncion de necesidad, que demuestren la pertinencia de la información y en el entendido de qeu se requiere el consentimiento informado", detalla la resolución.
La sentencia se fundamentó en la protección de datos socioeconómicos que otorga a los ciudadanos la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
Las empresas que no entregan la información requerida se exponen a una sanción por incumplimiento total de 2% de los ingresos brutos reportados en el periodo fiscal anterior, con un mínimo de 10 salarios base (aproximadamente ¢4 millones) y un máximo de cien salarios base (aproximadamente ¢40 millones).
Randall Oquendo, asesor en materia tributaria de Cacia, confirmó que Tributación apeló el fallo ante el despacho de la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez.
"Aunque la resolución se apeló aún aplica para el caso de las dos empresas y Cacia. Además cualquier otro gran contribuyente puede exigir el mismo trato con base en la resolución", explicó Oquendo.
Mediante la Oficina de Prensa del Ministerio de Hacienda se informó que será hasta este viernes que Tributación se pronuncie sobre la resolución de la gencia de Protección de Datos de los Habitantes.