Una iniciativa de la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte pretende lograr que en octubre del 2015 haya 35 pequeñas y medianas empresas (pymes) de turismo y agroindustria certificadas como carbono neutral.
De esta forma, podrán contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y contribuir con el desarrollo ambiental, al tiempo que elevan su competitividad internacional.
Una de las 15 empresas ya certificadas –en marzo del 2014, por la firma Carbon Clear– es PCI Rojas y Madrigal, que produce yuca y la exporta a Holanda, entre otros países, desde Santa Clara de San Carlos.
PCI adoptó medidas para reducir el gasto eléctrico (lo logró entre 10% y 15%) y en agua, para la protección de un humedal y de un bosque en sus propiedades, complementadas por programas de reciclaje. Además, su certificado prueba que es 99% eficiente en el consumo de combustibles, uno de los mayores generadores de GEI.
PCI invirtió $18.000 que, según su subgerente, Rocío Valerio, sí se recuperan. “Estamos en ese proceso”, dijo Valerio. “El 75% de los productos que entran por Amberes debe ser certificado carbono neutral”.
En el proyecto de la Agencia, que impulsa la zona económica especial (ZEE) en esa región, se cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y su Fondo Multilateral de Inversiones (BID-Fomin), que aporta 75% del costo de la certificación. El resto lo cubre cada empresa.
El certificado es anual y cada firma debe luego renovarlo con sus propios recursos. “La idea es que ellas asuman y ratifiquen su compromiso”, dijo Alexánder Muñoz, quien es coordinador del proyecto en la Agencia.
El plan de certificar empresas es un esfuerzo similar al que varias entidades desarrollan en el país en el sector ganadero.
Lo que está en sus manos. Buena parte de las acciones para certificarse son aquellas que las empresas y otras entidades pueden gestionar por sí mismas, pues alegan que deben afrontar algunas limitaciones externas.
Por ejemplo, hay impedimentos de ley para la generación eléctrica privada, por lo que no pueden instalar paneles solares u otras fuentes de energía limpia.
Otra limitación es que hay proyectos que dependen de los trámites en diversas entidades, donde no siempre existe coincidencia sobre los planes o la visión a largo plazo, aseguró Carlos Román, secretario ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Integral de la Fortuna (Adifort), que también logró la certificación.
Precisamente, Adifort realiza acciones para la protección de fuentes de agua y de bosques que capturen y almacenen dióxido de carbono, como en 200 hectáreas de cerro Chato; la delimitación de senderos en la catarata de La Fortuna y áreas de protección, de acuerdo con el plan regulador, y un proyecto de alcantarillado, que incluye el desarrollo de plantas de tratamiento y protección ambiental en 11 hectáreas. El fin, dijo Román, es elevar la competitividad de esta zona turística.