Policía de Control Fiscal destruyó cigarrillos y licor valorado en más de ¢400 millones

Más de 17 millones de cigarrillos, así como licor, cosméticos y otros contrabandos quedaron destrozados

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El Servicio Nacional de Aduanas del Ministerio de Hacienda destruyó 17.695.630 unidades de mercancías que ingresaron al país como contrabando o sin los permisos sanitarios respectivos.

Algunas mercancías habían superado el plazo de abandono y de vida útil, o se encontraban en estado deplorable de almacenamiento.

Una parte se destruyó en Cartago y otra en Paso Canoas. En Corredores se coordinó con el Ministerio de Salud y la municipalidad de ese cantón; además, se contó con la cooperación de grupos organizados para el tratamiento de desechos como latas, vidrio, plástico y cartón.

LEA: Decomiso de cigarrillos ilegales se disparó en el último año.

Del total destruido, 17.530.600 unidades eran de cigarrillos, 120.067 de licor 44.963 correspondían a ropa, cosméticos y comestibles. Entre los productos destruidos se encontraban cervezas y cigarrillos de distintas marcas, vinos, cremas, tequilas, aguardientes, rones y vodkas, refrescos variados, atunes y latas de frutas.

Se estima que solo en cigarrillos, el valor comercial podría superar los ¢400 millones.

Estos actos son el resultado del trabajo conjunto entre la Policía de Control Fiscal, la Dirección de Riesgo de Aduanas y la Aduana Central, así como de una revisión exhaustiva que realizó la Dirección de Fiscalización en las bodegas de la aduana de Paso Canoas.

En esas bodegas de la región, fronteriza con Panamá se encontró una cantidad importante de mercancías decomisadas por la Policía de Control Fiscal, Fuerza Pública y Policía de Frontera, entre otros.

En un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, dijo que las mercancías destruidas son solo parte de un gran lote que se encuentra en condiciones similares en varias bodegas de las aduanas y en almacenes fiscales.

El área legal de Aduanas realiza el estudio de los expedientes respectivos, para determinar cuáles se pueden eliminar a corto plazo, en resguardo de la salud pública y del medio ambiente.

“Hemos insistido que el contrabando destruye empleos, pone en riesgo la salud de las personas, afecta negocios formales, defrauda al fisco y financia mafias nacionales y extranjeras", añadió Rodríguez.