Diputados de una comisión legislativa admitieron que carecen de información detallada de las micro, pequeñas y medianas (mipymes) turísticas que se beneficiarán con un proyecto de ley para readecuar deudas y reactivarlas con $15 millones.
Los fondos saldrían del presupuesto del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), en partes iguales.
La definición de los que se benefician se deja a una unidad técnica pues esa no es tarea de ellos, según los diputados.
Así lo reconocieron los legisladores Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Karla Prendas, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Nidia Jiménez, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Los tres legisladores están en la Comisión Especial Permanente de Turismo, donde el proyecto se aprobó el jueves de la semana pasada y estuvo muy cerca de votarse en el plenario legislativo el lunes. Sin embargo, fue devuelto a consulta de las entidades en un periodo de ocho días hábiles.
Debilidad. El gerente del ICT, Alberto López, reconoció que cuestionarán la ausencia de una lista de beneficiarios, con características y definición de las deudas.
Eso es necesario para estar seguros del buen uso de los recursos que eventualmente aportará el Instituto, dijo.
Al ICT se le pide aportar $1,5 millones anuales por cinco años. La Junta Directiva y los empleados temían que esto afectara la construcción del Centro Nacional de Convenciones, pero eso está a salvo.
El efecto se sentirá en el área de promoción turística.
No se obtuvo ayer la opinión del presidente del Consejo Rector del SBD y ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Welmer Ramos, pues se dijo que estaba en diferentes reuniones.
Juan Rafael Lizano, representante del sector agrícola en el Consejo Rector del SBD, expresó su total oposición al proyecto pues pone al sistema a hacer banca de primer piso (identificar beneficiarios, hacer estudios de factibilidad), para lo cual no tiene personal. Además, no se otorgan recursos adicionales para financiar la unidad técnica.
Lizano advirtió de que el plan obliga a comprar operaciones o propiedades que ya fueron rematadas por los bancos. Además, señaló, exige un 10% de los recursos disponibles en el SBD a diciembre pasado, pero este año se ha hecho uso de parte del monto.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica y su representante en el Consejo Rector del SBD, dijo que harán un esfuerzo porque no solamente se preserve el uso apropiado de los recursos para pymes, sino que, además, el SBD no se convierta en una piñata para que todo el mundo que tenga problemas acuda a ese sistema.
Sin embargo, el diputado Vásquez enfatizó que el legislador no tiene la capacidad técnica para hacer un estudio de calificación de empresas y que, de hacerlo, podría ser ilegal, pues se les culparía de elaborar un proyecto a la medida de algunos empresarios.
Comentó que, en total, son unos 80 los posibles beneficiarios y que hay datos generales acerca de las zonas donde están y los montos de las deudas.