Las empresas del sector agropecuario se resistieron al llamado para registrarse y luego legalizar a los empleados migrantes, pese a la amenaza de multas.
Las cifras revelan la poca anuencia, pues luego de varias prórrogas, solo 124 (el 5%) de las 2.500 fincas potenciales contratantes de trabajadores extranjeros se registraron ante la Dirección General de Migración.
El llamado se hizo porque la Ley General de Migración, que rige desde el 1.° de marzo del 2010, establece multas que van desde dos salarios mínimos hasta 12 salarios mínimos a los patronos que tengan empleados sin legalización.
Esas sanciones están ahora entre ¢798.800 y ¢4,8 millones.
Las prórrogas y facilidades para registrarse y luego legalizar migrantes se hicieron en coordinación con la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), a la cual pertenece la mayoría de firmas, pues producen para vender en el exterior.
Kathya Rodríguez, directora general de Migración, advirtió ayer de que la última prórroga se vence este 31 de diciembre y, que a partir del 1.° de enero, esa entidad aplicará las multas.
Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, argumentó que la ley, como se encuentra plasmada hoy, no responde a la realidad del sector productor y exportador.
Añadió que su aplicación bajo los requisitos que exige, tanto de parte de los trabajadores como de los patronos, hace imposible su implementación y funcionamiento. Pidió trabajar en un decreto para solventar las deficiencias de la normativa.
Flexible. Al regir la ley, en el 2010, se dio una amnistía hasta el 1.° de marzo del 2013 para ponerse en orden. Luego de eso se dieron prórrogas. La última se gestó el 1.° de agosto del 2014 y fue de seis meses para el registro de empresas y de todo el 2015 para legalizar a los trabajadores.
En el plazo de agosto del 2014 al 31 de enero del 2015 presentaron documentos 274 compañías, pero solo 120 terminaron el trámite, según los datos de Migración.
Ante la presión, se dio otro plazo para registrar empresas, del 10 de julio al 10 de octubre. En este se presentaron 10 firmas y solo cuatro completaron el registro.
La legalización de los trabajadores obliga a los empleadores a cumplir con los derechos laborales, entre ellos, el pago del seguro social, salario mínimo y la jornada de ocho horas.
Además, obliga a dar aguinaldo conforme a los meses laborados y cesantía si la relación laboral se pasa de tres meses.
Las cosechas de café, melón, frijol, cítricos, banano, caña de azúcar y piña dependen de mano de obra extranjera.
El año pasado, el Ministerio de Trabajo recomendó a Migración que se autorizara la entrada de 7.350 trabajadores temporales. Empero, el Ministerio de Agricultura y Ganadería estimó en 73.000 las plazas necesarias para garantizar la recolección.
Rodríguez explicó que las 284 firmas agrícolas, que en total se mostraron interesadas, pidieron legalizar a 29.745 migrantes, lo cual refleja la relevancia de esa mano de obra en el sector.
La legalización de empleados vence el 31 de diciembre y en enero ya se realizarán los operativos en fincas y empresas. Se harán con la Policía Especial de Migración y se busca coordinarlos con personal de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo, dijo Rodríguez.
Migración deberá abrir un proceso a patronos que eventualmente incumplan. Luego de ello definirá si aplica las multas, así como los montos.