Empresarios piden a Luis Guillermo Solís no levantar veto a ley laboral en Costa Rica

La reforma fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2012, pero fue vetada por la entonces presidenta Laura Chinchilla

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La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) solicitó hoy al presidente Luis Guillermo solís, no levantar un veto que existe sobre una reforma al Código Procesal Laboral, pues considera que permitiría huelgas en servicios esenciales.
"El sector insta al Gobierno a no levantar el veto y permitir que la Asamblea Legislativa discuta los temas que pueden afectar al país y se apruebe un texto que cumpla con los requerimientos de los organismos internacionales, pero que no promueva los abusos", declaró en un comunicado el vicepresidente de UCCAEP, Álvaro Jenkins.

La reforma fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2012, pero fue vetada por la entonces presidenta Laura Chinchilla, argumentando que el texto permite las huelgas en servicios esenciales como la salud, la seguridad y los puertos, entre otros.

El próximo 13 de diciembre se vence un plazo reglamentario en el Congreso para que se decida qué hacer con la ley: si se archiva, si el presidente levanta el veto o si los diputados aprueban una moción para extender por cuatro años la vigencia del texto en la corriente legislativa con el fin de hacerle cambios.

Los sindicatos y el izquierdista Partido Frente Amplio, aliado político del Gobierno, han exigido al presidente Solís levantar el veto porque el proyecto garantiza diversos derechos laborales.

La reforma incluye asuntos como la agilización de juicios laborales y herramientas que facilitan a los trabajadores el acceso a esos procesos legales.

El presidente Solís ha dicho que está evaluando la situación para tomar una decisión en los próximos días.

La UCCAEP aseguró hoy que la ley "pone en riesgo la estabilidad del país" e instó a que se reforme para que el derecho a huelga se dé "bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad".

Los empresarios consideran que la legislación "debe corregirse" y agregarle mecanismos para la contratación ágil de trabajadores temporales en caso de huelga, así como sanciones laborales, penales y civiles para quienes ejerzan de forma "abusiva" y con violencia el derecho a huelga.