Ciudad de México EFE La cúpula empresarial de México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió ayer acelerar la aprobación de la reforma energética ya que ésta ya no puede esperar.
El presidente de la Comisión de Energía del CCE, Jaime Williams Quintero, advirtió en un comunicado que si se posterga la aprobación de la reforma, los mexicanos seguiremos pagando más por los energéticos y las materias primas.
Añadió que esto implica que las empresas seguirán perdiendo competitividad y todos los mexicanos oportunidades de desarrollo.
Precisó que los problemas sobre los combustibles la conocen todos y señaló que México es un país rico en hidrocarburos; sin embargo se importan gasolinas y gas natural.
También puntualizó que el país tiene abundantes recursos renovables que no se aprovechan a su máximo potencial, a pesar de contar con tecnologías de punta, se paga una de las tarifas eléctricas más caras del mundo.
El dirigente recordó que en los últimos meses se han expuesto con claridad y contundencia los beneficios y la necesidad de aprobar la reforma energética la cual, según sus defensores, permitirá dotar al sector energético de recursos y al sector privado de competitividad .
Reto. La reforma del sector energético, la más importante de las planteadas hasta ahora en México, pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno de Enrique Peña Nieto en un tema muy sensible para la sociedad mexicana.
Y es que desde la expropiación de la industria petrolera decretada en 1938 por Lázaro Cárdenas, este recurso es considerado un símbolo de la soberanía nacional y cada vez que los Gobiernos han intentando abrir el sector al capital privado han visto frustrados sus planes.
Esta vez, los principales partidos políticos del país coinciden en que la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) debe modernizarse y convertirse en una palanca del desarrollo, pero difieren en las formas de lograrlo.
El Gobierno plantea, en su iniciativa de reforma a la Constitución del país, abrir al sector privado la exploración y explotación de hidrocarburos mediante contratos de utilidad compartida, sin que la nación pierda la propiedad de dichos recursos.