Cuando se vino la crisis del 2008 y 2009, Edwin Azofeifa Blanco tenía en su mueblería, Alpes, 86 trabajadores y 4.800 m² de taller.
Era una buena época y en su empresa no solo hacía el producto final, sino que aserraba la madera que compraba en trozas.
Esa condición permitía dar empleo y tener una industria. Pero la crisis cambió las cosas. Azofeifa tuvo que vender su fábrica original.
Artesano de corazón y egresado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) desde los 12 años, el empresario volvió a abrir: solo que con 25 empleados en un taller mucho más modesto y con una nueva condición para sobrevivir.
Ahora utiliza materia prima terminada y mayormente importada pues resulta más barata.
Antes de la crisis le vendía a intermediarios y exportaba a toda la región centroamericana. Ahora tiene dos puestos de venta, uno en Coronado y otro en Paso Ancho.
El caso de la Mueblería Alpes es común en la industria del mueble. Ahora es más complicado y más caro conseguir materia prima local.
Alfonso Barrantes Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina Nacional Forestal (ONF), recordó que antes de los años noventa se previeron esquemas de deducción del impuesto sobre la renta a las empresas que reforestaban con recursos propios (sin los del Estado), lo cual permitió cultivar alrededor de 30.000 hectáreas.
Pero la Ley N.º 8114, de simplificación y eficiencia tributaria, eliminó el incentivo y, con ello, se bajó mucho la participación de las empresas en los programas, aunque algunas siguen.
El desincentivo interno, más la competencia de países como Chile, donde la producción es a gran escala, impactaron la actividad.
En Chile, un productor de 5.000 hectáreas se considera pequeño; en Costa Rica el de 50 hectáreas.