Dueños de Gas Zeta devuelven $1,1 millones al Gobierno de Costa Rica por costos de arbitraje

Tribunal internacional rechazó demanda de firmas por $75 millones y les ordenó devolver el 50% de los gastos del proceso, en marzo de 2017

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Las empresas suizas Cervin Investissements S. A. y Rhone Investissements S. A. (dueñas de Gas Nacional Zeta) devolvieron $1.1 millones al gobierno de Costa Rica, equivalentes al 50% de los gastos de un proceso de arbitraje en el que a ambas firmas se les rechazó su reclamo en contra del país.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) informó este viernes 21 de setiembre que las empresas prefirieron pagar el monto adeudado “prontamente”, por lo que no fue necesario llevar el proceso de cobro a las últimas instancias.

Por medio de un comunicado, Comex informó de que el Gobierno había iniciado los trámites necesarios en Costa Rica y en Suiza para recuperar ese dinero.

Actualmente, Gas Zeta es operada por un grupo liderado por la empresaria de origen mexicano Evangelina López.

Cervin y Rhone habían reclamado una indemnización por $75 millones por el rechazo a sus solicitudes de aumentos tarifarios al gas licuado por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) .

El proceso fue entablado en el 2012. Un tribunal arbitral había rechazado esa demanda, resolución que fue notificada en marzo del 2017, pues se determinó que el país no causó ningún daño y no correspondía indemnizar a los inversionistas.

En esa misma resolución se les ordenó a las compañías hacer la devolución de la mitad de los gastos del proceso en que incurrió el gobierno de Costa Rica.

La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, confirmó que la totalidad del monto indicado ya se encuentra acreditado en las cuentas del Estado.

La funcionaria destacó tanto el resultado favorable del proceso como la recuperación de “casi la totalidad” de los gastos incurridos durante el arbitraje.

El Ministerio de Comercio Exterior coordinó a nivel nacional la búsqueda de bienes y recuperación de gastos a través de la Procuraduría General de la República y, a nivel internacional, se contrató una firma legal en Suiza.