La Contraloría General de la República emitió varios cuestionamientos en torno al contrato para la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC) y solicitó, en tres ocasiones, la ampliación de detalles al Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Así se desprende de documentos obtenidos del expediente del proceso, en una situación que llevó al ICT a retirar el contrato de la Contraloría, el 2 de setiembre anterior, para volverlo a presentar el 16 de setiembre.
Ahora la Contraloría tiene 25 días para resolver, lo cual preocupa al sector privado porque podría ser un atraso en el inicio de la construcción.
Pero el ministro de Turismo y presidente de la Junta Directiva del ICT, Mauricio Ventura, consideró las consultas normales dentro de un proceso de refrendo y aseguró que no hay atraso y en octubre espera el arranque de la obra.
Esto pese a que en mayo, cuando se adjudicó la construcción, aseguró que la obra comenzaría a más tardar en julio pasado.
Además, el 10 de diciembre del 2015, al anunciar la licitación para la obra, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se comprometió a abrir el CNCC en diciembre del 2017.
El CNCC tendrá 15.600 metros cuadrados (m²) de construcción y estará en un terreno de 10 hectáreas. La idea de hacerlo se lanzó desde hace unos 15 años.
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Inquietudes. Una de las áreas de preocupación para la Contraloría es que ese centro, con una inversión estimada por el ICT en $35 millones , se construya en un terreno que no es propiedad del Instituto, según las peticiones de información adicional enviadas.
Además, se cuestiona la legalidad del uso del impuesto de $15 por cada turista que llega al país para financiar parte de la obra, pues esos recursos tienen un destino específico, que es la promoción turística de Costa Rica.
El 30 de agosto pasado, en la última solicitud de información, la Contraloría se cuestionó también la legalidad de adjudicar la administración del CNCC a una empresa. El punto de preocupación fue, precisamente, que será construido en un terreno cedido mediante un contrato por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).
Otras de las peticiones de la Contraloría pasan por requisitos más tradicionales, como aportar los documentos donde se establezca que la empresa a la cual se le adjudicó la construcción -Edica, en este caso- no tiene deudas por impuestos y otros rubros.
Se incluye dentro de lo tradicional aclarar quién va a construir la planta de tratamiento de aguas, si esta no es parte del contrato con Edica.
Por medio de la oficina de prensa, la Contraloría dijo que ningún funcionario se referirá a las peticiones al ICT, porque se trata de un proceso en marcha.
Mejor situación. El ministro Ventura aseguró que el retiro del contrato obedeció a una estrategia para agilizar el proceso, lo cual, dice, finalmente resultó.
Ese proceso, detalló el ministro, permitió lograr rápido una audiencia con la Contraloría, que se concretó el 8 de setiembre, donde se aclararon varios puntos.
Además, las solicitudes de la Contraloría se refieren a ampliaciones de información y no a cuestionamientos, según Ventura. Por eso, el funcionario estimó normales las peticiones enviadas al ICT.
El presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, Gustavo Araya, señaló que el sector está preocupado, pues estima que el CNCC es una necesidad para apoyar al turismo.
“Estamos preocupados porque cualquier atraso es un atraso al progreso del turismo”, dijo.
Para Pablo Abarca, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, es mejor resolver todas las inquietudes antes y no frenar el proceso posteriormente.