La empresa costarricense Borda Azul S. A. habría utilizado el polémico bufete panameño Mossack Fonseca para crear facturas ficticias y así justificar el cobro de un millonario incentivo económico por parte del Gobierno, en la década de los 90.
Así lo reveló la unidad de investigación de ameliarueda.com y el Semanario Universidad, con base en una filtración de más de 11,5 millones de documentos del bufete, que van desde 1977 y hasta finales del 2015.
Según ambos medios de comunicación, la extinta compañía era liderada por el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefút), Hermes Navarro Vargas y el empresario de origen cubano-estadounidense, Jerry Ten Brink.
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Borda Azul S. A., conocida como Tunacan y cuya actividad era procesar atún para exportación, en apariencia no solo contrató al bufete panameño para falsear facturas, sino también para que este ideara toda una serie de artimañas para engañar al Ministerio de Hacienda, dijeron los dos medios locales.
La intención, agregaron, era que las autoridades costarricenses creyeran que la firma International Food Marketing Inc. —una empresa offshore de Navarro y Ten Brink— les estaba suministrando materia prima, en su calidad de proveedor, cuando en realidad se trataba de una compañía fantasma.
ameliarueda.com y el Semanario Universidad fueron los dos únicos medios de Costa Rica que tuvieron acceso a esa investigación denominada: Los papeles de Panamá (Panamá Papers).
La documentación fue facilitada por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung , el cual a su vez, la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que aglutina a 185 reporteros en 65 naciones.
Incentivo. Según ameliarueda.com , Tunacan recibió ¢2.621 millones en certificados de abono tributario (CAT), creados para promover y apoyar la actividad exportadora de productos no tradicionales a terceros mercados.
Ese dinero se le giró entre 1991 y 1998, aunque el 83% de ese monto corresponde a los últimos tres años, periodo que estuvo bajo investigación de Hacienda.
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Dicho Ministerio pidió a Borda Azul los comprobantes de pago de las compras de materia prima para poder verificar sus exportaciones durante ese lapso de tiempo y, así, determinar si podía seguir disfrutando de los CAT. Al mismo tiempo, la Fiscalía inició una serie de pesquisas contra Navarro y Ten Brink, tras una denuncia anónima, en la que se alegaba que para recibir los casi $3 millones, la atunera tendría que haber registrado exportaciones por más de $20 millones.
“Hace más de 15 años llevé un caso de investigación del Ministerio Público, en el que nunca fueron acusados Hermes Navarro y Jerry Ten Brink. Ambos clientes fueron sobreseídos”, se defendió Juan Diego Castro, quien según los Panamá Papers, era el abogado de los dos empresarios.