Cartago. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) revocó un permiso de importación de sacos de cabuya para ser utilizados, principalmente, en la exportación de café, ante la protesta de decenas de productores de cabuya de La Lucha, La Sierra y San Cristóbal Sur de Desamparados.
Hasta el momento se habían importado 216.000 sacos de Bangladesh, por la empresa cafetelera Bellavista, pero ante la protesta de los agricultores -que temían que desapareciera su actividad- el MAG ordenó paralizar la traída de otros 1.152.000 costales que ya habían sido negociados en ese mismo país asiático.
La negociación para que el MAG revocara su decisión inicial se dio en el salón de sesiones de la Municipalidad de Cartago, el viernes. Los agricultores se reunieron ahí con el ministro de Coordinación Regional, Sergio Quirós Maroto, y el diputado liberacionista Wálter Coto Molina. Este último, en las gradas del Palacio Municipal y ante el aplauso de los agricultores, leyó el documento enviado por el MAG con la citada resolución.
Juan Bautista Robles Vega, de la Sociedad San Cristóbal, empresa de la familia Figueres, dijo que él estaba ahí en apoyo del sector industrial cabuyero y también solidario con los agricultores, que se verían perjudicados grandemente -y por ende sus familias- si persistía el permiso de importación.
Entre los asistentes a la negociación también estaba José Martí Figueres Alvarez, sobrino del presidente de la República, José María Figueres Olsen. Este también se dedica a esta actividad industrial.
Robles Vega agregó que desde noviembre de 1994 se había eliminado la importación de este tipo de sacos, pero, sorpresivamente, el MAG la autorizó.
La sociedad San Cristóbal es la mayor vendedora de sacos de cabuya en el país. Estos se utilizan en el sector cafetalero para sus exportaciones del grano al mercado internacional.
Afianzar la crisis
Diversos sectores agropecuarios consideran que el tributo del uno por ciento a los activos agrava la crisis actual:
Pequeños agricultores. Con un tope de ¢20 millones quedaban exoneradas las personas jurídicas, pero no las empresas colectivas. Por eso negociaron con diputados liberacionistas.Cafetaleros. Principal problema: salir de la crisis que causó la caída de precios durante cinco años, desde 1989 a 1994; la cotización llegó incluso a $48 por quintal (46 kilos). El nuevo tributo grava principalmente las plantaciones y equipo de beneficiado. La carga caería justo cuando se había logrado eliminar los impuestos a la exportación y a la producción.
Bananeros. Principal problema: Distorsiones internas e impuestos encarecen el costo de producción y quitan competitividad internacional a la fruta costarricense y el alto endeudamiento de las empresas elevan el costo financiero. Lo más caro es la plantación, que cuesta alrededor de $13.000 por hectárea. Si se grava este activo con el 1 por ciento, una finca de 250 hectáreas debería pagar una carga adicional de ¢6 millones.
Ganaderos. Principal problema: Crisis interna con baja aplicación tecnológica y uso extensivo de tierras (hay un promedio de menos de 1 animal por hectárea) y caída vertiginosa del precios mundial (bajó $0,38 por libra en cinco meses). El impuesto causaría el cierre, dicen dirigentes.
Productos no tradicionales. Principal problema: La competitividad nacional cae ante distorsiones internas (alto precio y atrasos en muelles) y la alta saturación en el mercado mundial. Se oponen a fijar topes de exoneración, porque una empresa puede tener ¢100 millones en activos, pero eso no significa que esté sana financieramente.