Bruselas (AFP). Los ministros europeos darán este viernes los toques finales al rescate aprobado para Chipre, que tiene ahora necesidades más grandes de las previstas, y examinarán la crisis en Portugal, que deberá explicar a sus socios cómo hará para alcanzar la meta de déficit pactada.
Los ministros de los 17 países de la zona euro se disponen a aprobar este viernes en Dublín el memorando de entendimiento (MoU) que fija las condiciones que le exigen a Chipre a cambio del rescate aprobado el 25 de marzo de hasta 10.000 millones de euros.
"La situación en Chipre esta prácticamente resuelta", dijo el ministro irlandés, Michael Noonan, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la UE.
El objetivo es que la la isla pueda recibir el primer desembolso de la ayuda a principios de mayo, que el país necesita de forma urgente para pagar los salarios de funcionarios y las pensiones.
Pero el Eurogrupo, como se conoce a los ministros de Finanzas de la zona euro, deberá también tener en cuenta que las necesidades de Chipre en el marco del plan de rescate pasaron de 17.500 a 23.000 millones de euros, como se reveló el jueves.
La situación en el país "se ha degradado y las necesidades han aumentando ante una recesión más profunda que la prevista", dijo una fuente europea.
Los acreedores de Chipre --UE, Banco Central Europeo, FMI-- se comprometieron a aportar 10.000 millones a cambio de medidas de austeridad y una drástica reestructuración del sistema financiero chipriota, que le permita hallar el resto de la suma: en un inicio estimada en algo más de 7.000 millones y ahora unos 13.000 millones de euros.
Chipre prevé un aumento de impuestos, que le permitirá recaudar unos 600 millones de euros, la venta de de reservas de oro excedentarias (400 millones) y una reducción de funcionarios públicos. Además el país prevé una serie de privatizaciones y sobre todo una reestructuración de su sistema bancario que hará perder parte de sus ahorros a los que tienen más de 100.000 euros en depósitos en los dos principales bancos del país, el Bank of Cyprus y el Laiki, que será liquidado.
En este contexto, se prevén dos años muy difíciles para Chipre, con una caída del PIB del 8,7% en 2013 y del 3,9% en 2014, antes de registrar una leve recuperación en 2015 (+1,1%).
Pero cuando los europeos aún no terminaban de digerir el polémico rescate a Chipre, la tuvieron un golpe inesperado. Hace apenas unos días el Tribunal Constitucional de Portugal declaró inconstitucional un paquete de medidas del presupuesto en vigor, sellado hace dos años con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ahora el mandatario portugués Pedro Passos Coelho deberá detallar los recortes que prevé para alcanzar la meta de déficit pactada con Bruselas, 5,5% de aquí a fines de 2013, y tranquilizar a sus socios europeos.
El gobierno conservador portugués ya anunció que reducirá los gastos en educación, sanidad, en prestaciones de Seguridad Social y en empresas públicas.
Tanto para el gobierno portugués como para la troika la máxima prioridad es volver al mercado privado de deuda, lo que permitirá al país recobrar su autonomía financiera para concluir su plan de rescate en junio de 2014, como estaba previsto.
Este objetivo podría verse facilitado por una ampliación de los plazos de reembolso de los créditos concedidos por la UE, lo que será abordado por los ministros europeos en la reunión informal que concluye el sábado.
Los ministros examinarán además si Grecia cumplió con sus compromisos, para que reciba el tramo de 2.800 millones de euros correspondiente a marzo.
La reunión que el sábado incluirá a todos los ministros de la Unión Europea, también contempla debatir medidas para luchar contra la evasión fiscal, que cuesta a Europa "más de un billón de euros por año" y se ha convertido en la última cruzada europea.
Así, Luxemburgo ha sucumbido a las presiones de sus socios europeos y de Estados Unidos y ha empezado a desmantelar parcialmente el secreto bancario, al aceptar el intercambio automático de información en algunos casos a partir del 1 de enero de 2015.
Ahora sólo resta convencer a Austria, la única que se resiste a levantar su secreto bancario, pese a las presiones internacionales contra los paraísos fiscales y el fraude.