Economista La recaudación tributaria decadente e inferior, por la que atraviesa el país, posiciona a Costa Rica en una marcada situación deficitaria, que compromete los gastos corrientes.
A eso se suma una preocupación mayor. Es el compromiso que asumió el país al designarle un 8% del PIB a la educación; decisión loable pero que conlleva a una interrogante: ¿cómo se obtendrán los fondos para cumplir con el aplaudido compromiso?
Es claro que la respuesta de las autoridades correspondientes se enfoca en hacer uso de los instrumentos financieros actuales con los que cuenta el Estado costarricense, es decir, el aumento de la deuda para obtener los recursos y la intensificación de la recaudación por medio de una adecuada fiscalización, además del incremento en la tasa de cobranza en fase no voluntaria.
Ante este panorama es recomendable analizar la bondad de estas medidas en el corto, mediano y, más aún, en el largo plazo, con el objetivo de dar el salto cualitativo que los costarricenses, aspiramos tener.
La intensidad que ha denotado la Administración Tributaria para obtener un cambio fundamental en las prácticas de auditoría fiscal, se da mediante la aplicación de la inteligencia tributaria, llámese el acceso a terceras fuentes que van más allá de los cruces de información con agentes económicos respecto a cantidades pagadas y recibidas.
El Estado ha generado un enfoque más cualitativo–relativo que cualquier otro tipo de información de relevancia tributaria, el cual se puede sentar en archivos de instituciones propias del Estado, en entidades financieras, en documentos de manejo de personeros clave y tomadores de decisiones en todas aquellas facultades que le otorga el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) a la Tributación, para aplicar esas amplias facultades.
La clave fiscal de la recaudación está en el uso sistemático de dicha inteligencia.