Los terrenos propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) tienen un valor de más de ¢4.000 millones, detallan los estados financieros de la entidad del año pasado. Sin embargo, el documento no especifica que dicha valuación es de 1981, pues desde entonces no se actualizan los precios de los terrenos.
Pero esa no es la única deficiencia. Incluso la misma entidad ignora cuáles parámetros se usaron para realizar la actualización en ese momento.
Asimismo, desconoce la cantidad de tierras que posee en todo el país y el uso que puede hacer de ellas. La mayoría de la información está en papel y debe compararse con los datos del Registro Nacional.
Para subsanar dicha deficiencia, la Contraloría General de la República dio plazo a la entidad, hasta junio del 2014, para establecer un registro actualizado de los terrenos, incluidos los que ya fueron otorgados a terceros.
Asimismo, se deberá asignar el valor de los terrenos conforme a la normativa estatal actual.
Álvaro González, presidente ejecutivo del INVU, explicó que la institución cuenta con ocho terrenos considerados valiosos, ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM).
No obstante, son más. Hay lotes, áreas públicas y zonas por donde pasan carreteras nacionales a nombre de la entidad.
“Los terrenos de la Circunvalación están a nombre del INVU, en el Registro. Las orillas del río María Aguilar son de la institución. Pero, qué interés tenemos nosotros de ponerle valor a algo que no lo vamos a poder utilizar. Muchos terrenos no tienen valor porque no tiene sentido ponerles precio”, dijo González.
Precisamente, el Área de Proyectos del INVU es la encargada de revisar la información de las propiedades que poseen en papel, frente a los datos del Registro Nacional y las municipalidades.
“Estamos en un proceso de depuración. No es cargar por cargar la información. La intensión es meter lo que realmente es útil”, afirmó María del Carmen Redondo, gerente general del INVU.
La jerarca desconoce por qué muchas de las áreas públicas, incluso de terrenos urbanizados por la misma entidad, no fueron inscritas a nombre de los municipios, como lo dicta la Ley de Planificación Urbana.