En días recientes, el rotativo The New York Times publicó varios aterradores reportes sobre el sistema de administración privada de centros de rehabilitación, que son apéndices del sistema corriente de prisiones.
La serie es un modelo de reporteo investigativo que todo el mundo debe leer, pero no debe dejarse de lado el contexto.
Los horrores descritos son parte de un patrón más amplio en el que las funciones esenciales del Gobierno están siendo privatizadas y, al mismo tiempo, degradadas.
Primero. Respecto a los centros de rehabilitación, en el 2010, el gobernador estatal Chris Christie –quien tiene estrechos lazos personales con Community Education Centers (el más grande de los operadores de ese tipo de instalaciones, y que una vez trabajó como miembro de un grupo de presión para la firma)– describió las operaciones de la compañía como “una representación de lo mejor del espíritu humano”.
Pero, en vez de eso, los reportajes del The Times retratan algo que se aproxima más al infierno en la tierra: un sistema que necesita mayor número de personal y que está pobremente administrado, con una fuerza laboral desmoralizada de donde a menudo escapan los individuos más peligrosos para provocar desastres.
Mientras tanto, personas que han cometido delitos menores encaran terror y abuso a manos de otros reclusos.
Horror. Es una historia espantosa. Pero, como dije, uno necesita realmente verla en el contexto más amplio de una campaña nacional de parte de la derecha de los Estados Unidos para privatizar funciones gubernamentales, incluyendo en alto grado el manejo de prisiones.
¿Qué hay detrás de este empeño? Uno se puede ver tentado a decir que refleja la creencia conservadora en la magia del mercado, en la superioridad de la competencia del mercado libre sobre el planeamiento gubernamental.
Y esa es en verdad la forma en que a los políticos de derecha les gusta enmarcar el asunto.
Pero si uno le da al menos un minuto de pensamiento, cae en la cuenta de que lo que las compañías del complejo industrial penitenciario (compañías como Community Education Centers o el gigante de las prisiones privadas Correcting Corporation of America) definitivamente no están haciendo, es compitiendo en un mercado libre.
En lugar de eso viven de contratos gubernamentales.
Aquí no hay mercado y, por lo tanto, no hay razón para esperar ganancia mágica alguna en eficiencia.
Y, claro, pese a las muchas promesas de que la privatización de las prisiones llevará a grandes ahorros en costos, tales ahorros –como estableció un amplio estudio de la Oficina de Asistencia Judicial, parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos– “sencillamente no se han materializado”.
En el tanto en que los operadores de prisiones privadas logran ahorrar dinero, es mediante “reducciones en los patrones de las planillas, beneficios adicionales de los trabajadores y otros costos relacionados con mano de obra”.
Entonces, veamos: las prisiones privatizadas ahorran dinero al erario al emplear menos guardas y otros trabajadores, y al pagarles malos sueldos.
Y después nos enteramos de historias de horror respecto a cómo se manejan estas prisiones. ¡Qué sorpresa!
Entonces, ¿qué hay en realidad detrás de la campaña para privatizar prisiones, y casi todo lo demás?
Respuestas. Una respuesta es que la privatización puede servir como una forma sigilosa de préstamos gubernamentales.
En esta los gobiernos evitan registrar gastos abiertos (o incluso recaudar dinero mediante la venta de instalaciones existentes) mientras elevan sus costos a largo plazo en formas que los contribuyentes no pueden percibir.
Oímos mucho respecto a las deudas escondidas en que los estados han incurrido en la forma de pasivos de pensiones.
Casi no nos enteramos de las deudas escondidas que ahora se acumulan en la forma de contratos a largo plazo con compañías privadas contratadas para administrar prisiones, escuelas y más.
Otra respuesta es que la privatización es una forma de deshacerse de empleados públicos en este país, quienes sí tienen el hábito de sindicalizarse y que, de todas formas, tienden a inclinarse por el Partido Demócrata.
Pero la respuesta principal, seguramente, es seguir el paso al dinero.
No importa lo que la privatización hace o no hace a los presupuestos estatales; en vez de eso piense en lo que hace tanto para los cofres de campaña como para las finanzas personales de los políticos y sus amigos.
Conforme se privatizan más y más funciones gubernamentales, los estados se convierten en paraísos de “pague por participar”, en los que, tanto las contribuciones políticas como los contratos para amigos y parientes, se convierten en un toma y daca para lograr negocios gubernamentales.
¿Están las corporaciones capturando a los políticos o los políticos capturando a las corporaciones? ¿Importa eso?
Ahora bien: es casi seguro que alguien haga ver que el Gobierno no privatizado tiene problemas propios debidos a influencia indebida, que los sindicatos de guardas de prisiones y de maestros también tienen músculo político, y que la influencia a veces distorsiona la política pública.
“Está bien”. Pero tal influencia tiende a ser relativamente transparente.
Todo el mundo sabe respecto a esas pensiones públicas que se podría argumentar son excesivas; se necesita una investigación del The Times (que se extendió por varios meses) para sacar a la luz la historia del infierno de los centros de rehabilitación de Nueva Jersey.
El punto, entonces, es que uno no debe imaginar que lo que el periódico descubrió respecto a la privatización de prisiones en Nueva Jersey es un caso aislado de mal comportamiento.
Es, más bien, casi seguramente un vistazo a una dominante y creciente realidad de un corrupto nexo de privatización y clientelismo que está minando al gobierno en una gran porción de los Estados Unidos. Traducción de Gerardo Chaves para La Nación
Paul Krugman es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía del 2008.