El Ministerio de Hacienda ha recaudado hasta ahora ¢3.266 millones por el impuesto a las casas de lujo vigente desde octubre, informó la Dirección General de Tributación.
El monto lo han pagado 3.069 contribuyentes, de los cuales 2.989 hicieron el desembolso voluntariamente y 80 lo han hecho tras la notificación que les envió el Ministerio de Hacienda.
La notificación se envió a los 500 mayores contribuyentes del tributo que no lo habían pagado.
Según había estimado Tributación, los 500 mayores aportarían el 70% del total.
El cálculo de la recaudación incluida en la Ley de Presupuesto del presente año asciende a ¢9.400 millones.
Todavía no llega. El monto recaudado todavía no llega a quienes necesitan vivienda.
Hacienda informó anoche por medio del departamento de prensa que todavía no ha recibido ninguna solicitud de recursos por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El Banhvi es el encargado de distribuir estos recursos.
Entrevistado ayer en la mañana, el gerente del Banhvi, Juan de Dios Rojas, dijo que solo esperan que la Contraloría General de la República les apruebe el presupuesto para comenzar a utilizar los recursos.
En la Contraloría, el departamento de prensa dijo ayer que no localizaba el presupuesto al que se refirió Rojas.
Rojas comentó que ya la entidad aprobó la forma como se utilizarán los recursos recaudados.
Según el jerarca, la entidad tiene destinados ¢4.742 millones al programa de bono colectivo o comunal; ¢2.000 millones para bonos ordinarios y ¢2.000 millones para los bonos que establece el artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
El bono colectivo está dirigido a personas que viven en precarios donde se requieren mejoras en la infraestructura.
El bono ordinario se otorga a familias con un ingreso mensual actual inferior a los ¢718.016, y los del artículo 59 benefician a familias muy pobres, o que tengan, además, discapacitados o adultos mayores.
Los bonos se repartirán de acuerdo con las solicitudes que presenten las entidades autorizadas para tramitarlos, ante las cuales hacen gestiones los interesados.
Entre las entidades autorizadas se encuentran las mutuales, los bancos estatales, el Popular, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, algunas cooperativas y los bancos privados Promérica y BAC San José.
Leve empuje. Según cálculos de Rojas, la construcción de una casa de interés social tiene un costo que oscila entre ¢10 millones y ¢13 millones, por lo que el monto recaudado alcanzaría para tres proyectos de unas 100 casas cada uno.
El esfuerzo se queda corto ante un déficit de 235.604 viviendas, según el Compendio de Estadísticas del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos del Ministerio de de Vivienda, aunque hay otras vías para atender el problema.
La Contraloría General de la República realizó un informe sobre este tributo en febrero del 2010.
Ayer la Contraloría informó de que las disposiciones están en proceso de cumplimiento por parte del Ministerio de Hacienda.