EFE
El Gobierno de España está dispuesto a mediar entre la empresa española Sacyr, líder del consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá, y las autoridades panameñas, para resolver el conflicto que amenaza con paralizar el proyecto, dijo hoy el embajador español en Panamá, Jesús Silva.
Así se lo confirmó hoy mismo al presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien anunció su intención de viajar a Madrid y a Roma para exigir a sendos gobiernos que hagan que sus empresas cumplan con el contrato de ampliación del Canal de Panamá.
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr e integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, anunció el miércoles que en 21 días suspenderá las obras de ampliación si la ACP no reconoce "sobre costos" cifrados por el consorcio en $1.625 millones.
En una carta de preaviso enviada a la ACP y divulgada ayer, el GUPC explicó que tomó la decisión de anunciar la suspensión de las obras "ante la falta de respuesta por parte de la ACP y del seguimiento de las conversaciones iniciadas" sobre sus reclamos económicos.
"Yo le confirmé (a Martinelli) que efectivamente, el Gobierno español está dispuesto a mediar, que el Gobierno español ha estado siguiendo desde el primer momento muy de cerca este proceso, y ya incluso antes hemos estado intentando mediar entre las partes", declaró el diplomático.
Explicó que el Ejecutivo español estudia "la posibilidad de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, o alguna personalidad del Gobierno se desplace en los próximos días a Panamá para intentar apoyar esta mediación que se está haciendo tanto desde la embajada como directamente desde España".
"No tenemos previsto un viaje del presidente Martinelli (a España) en el corto plazo, pero sí estamos trabajando para intentar que un miembro del Gobierno español se pueda trasladar para poder hablar con el presidente Martinelli, con el Gobierno y con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)", añadió.
Silva resaltó las "muy intensas" relaciones diplomáticas, económicas y políticas de Panamá y España, y que por ello Madrid ha ofrecido apoyo al país centroamericano en este asunto, con el objetivo principal de que se mantenga el diálogo entre las partes.
"No es un problema de gobierno a gobierno. Es un problema entre un contratista y su cliente. Nosotros vamos a intentar que no se interrumpa el diálogo que había existido hasta hace poco y que se aproveche este plazo de 20 días para intentar hablar y negociar", concluyó.