El arroz es el único producto cuyo precio fija el Gobierno.
Recurriendo a esa potestad, ahora está amenazando a los industriales del arroz con bajar el precio del grano que pagan los consumidores si los empresarios insisten en la negativa de comprar toda la cosecha nacional.
La situación se da porque las plantas incumplen la Ley de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), que obliga a recibir todo el cereal, así como un convenio firmado el 19 de julio.
La viceministra de Agricultura y Ganadería, Tania López, hizo la advertencia a los industriales: “Si una parte incumple el acuerdo, el Gobierno no tiene entonces por qué cumplirlo”.
En el convenio del 19 de julio, el Gobierno se comprometió a mantener el actual precio del arroz hasta diciembre. El valor que paga la industria al productor está en ¢22.604 por saco de 73,6 kilos en granza seca y limpia. El precio al consumidor está en ¢691 por kilo, para la calidad con 20% de grano quebrado, desde el 21 de mayo.
A cambio, los arroceros se obligaron a recibir toda la cosecha, según López y los productores.
Además, productores e industriales se comprometieron a entregar una propuesta, en 30 días hábiles, para solucionar problemas del mercado arrocero.
El presidente de la Asociación de Industriales del Arroz, Rolando Brenes, está fuera del país y es el único autorizado a hablar.
En días anteriores, Brenes dijo que la industria no puede invertir para recibir la inesperada alza en la producción causada por el estímulo del Programa Nacional de Alimentos, lanzado por el Gobierno en abril del 2008, con una inversión de ¢44.000 millones.
Antes del 2008 se producía un poco más del 50% de la demanda. Ahora es del 75%. El resto se importa.
Conflicto. El MAG justifica la presión por el peligro de que se pierda arroz en la zona sur (donde se cosecha ahora), porque las plantas alegan incapacidad para recibirlo.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, y la viceministra López calculan que están en peligro 730 hectáreas, las cuales producen 2.774 toneladas solo en la zona sur.
La crisis se puede agravar la próxima semana, pues se iniciará la cosecha en Upala, Alajuela, una de las principales zonas productoras.
Brenes reconoció que el problema de recibo será fuerte por el pico de cosecha entre finales de agosto e inicios de octubre, pues se juntan las del sur, Upala y Guanacaste.
Este nuevo conflicto local pone en evidencia la imposibilidad del país de poner en marcha una política arrocera, propuesta en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para evitar una eventual denuncias contra Costa Rica.
Socios en la OMC podrían denunciar a Costa Rica por incumplir el límite de un subsidio arrocero. La ministra de Comercio Exterior, Anabel González, explicó que en setiembre se reúne el Comité de Agricultura y no sabe cuánto más se puede aguantar la presión.