Ocho años de tensiones entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la Superintendencia de Pensiones (Supén) son el telón de fondo del estudio actuarial que ambas entidades encargaron en conjunto, para determinar la verdadera situación financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El primer análisis al IVM lo solicitó por su cuenta Supén, en el 2007 . La empresa mexicana Nathal Actuarios y Consultores hizo el informe, donde se concluyó que la reserva del régimen se agotaría en el 2023.
Sin embargo, la Caja rechazó los hallazgos de esta investigación, pues argumentó que se usaron supuestos equivocados e información errónea.
A raíz de la diferencia entre los estudios de Nathal y las estimaciones que hace la Caja, la entidad autónoma contrató, en el 2009, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para hacer una validación de sus informes actuariales.
Este estudio concluyó que la reserva del IVM caería en negativo en el 2044, lo que coincidió con los análisis internos de la Caja a este fondo.
En el 2011, Édgar Robles, entonces jerarca de la Supén, denunció el uso de recursos de la reserva del IVM, debido a que los ingresos corrientes del fondo eran ya insuficientes para pagar las pensiones en curso.
Tal escenario fue negado por la institución autónoma. Pero las alertas de la Superintendencia generaron el inicio de una negociación con la CCSS para contratar un estudio independiente sobre el régimen.
El proceso ocurrió en el momento en que la Caja estaba en una revisión integral de sus finanzas debido a la crisis financiera en el Seguro de Salud.
No obstante, ambas entidades públicas tardaron tres años en ponerse de acuerdo sobre los requerimientos técnicos y metodológicos del análisis independiente al IVM.
Finalmente el contrato por $125.000 se adjudicó a Melinsky, en enero del 2014, y este especialista comenzó a trabajar en agosto del mismo año.
El informe final se entregó, el pasado 27 de julio, a la CCSS y Supén, según la copia del informe en poder de La Nación . El estudio está en un proceso de validación.
¿Quién es Melinsky? El actuario argentino Eduardo Melinsky, contratado por la Caja y Supén, es socio fundador de la compañía Melinsky, Pellegrinelli y Asoc.
Según su currículo, publicado en el página web de la empresa, él tiene más de 30 años de experiencia en estudios actuariales, en 13 países de Latinoamérica.
En Costa Rica ha realizado análisis al régimen de pensiones administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
En el 2012, la Corte Suprema de Justicia contrató a Melinsky para realizar un estudio independiente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
El informe determinó que el fondo reportaba un déficit actuarial de ¢4 billones, a junio del 2012, y sería insolvente en el 2027.
En marzo del año pasado, la Corte volvió a contratar a Melinsky para hacer un nuevo estudio al fondo, pero el contrato se anuló siete meses después .