La Superintendencia General de Seguros (Sugese) pidió explicaciones al Instituto Nacional de Seguros (INS) por sus recientes decisiones de otorgar préstamos y donar recursos.
En el último mes, la empresa pública anunció una línea de crédito por $21,5 millones para impulsar la ampliación de la carretera San José-San Ramón y ¢1.500 millones a la Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo (Acorde) para prestar al sector piñero.
Además, avaló el traslado de ¢10.000 millones –de su patrimonio– para financiar el 23% del Programa Mi primer empleo, del Ministerio de Trabajo.
“Nos han llamado la atención las decisiones del INS, en particular el tema de la donación, y requerimos la información, pues son recursos públicos y la discrecionalidad (de su uso) está determinada por la legislación”, aseguró Tomás Soley, jerarca de la Sugese.
La Sugese analizará los fundamentos de los acuerdos del INS y, si es necesario, solicitará la rectificación para mitigar riesgos en la compañía, confirmó Soley.
Por su parte, Elian Villegas, presidente ejecutivo del Instituto, defendió la actuación de la compañía, pues se enmarca dentro de su función social.
Villegas reconoció que la Junta Directiva avaló el dinero para Mi primer empleo , tras una petición hecha por Víctor Morales, ministro de Trabajo, pero descartó que el INS sea una caja chica del Gobierno.
Desde la ruptura del monopolio, en el 2008, es la primera vez que la compañía pública dona recursos a un programa gubernamental, así como retomar el negocio del crédito, suspendido desde hace ocho años .
Al 30 de junio anterior, la compañía pública tenía ¢1,2 billones invertidos en instrumentos financieros y un patrimonio de ¢700.000 millones, según sus estados financieros .
Marco legal. El jerarca de la Superintendencia enfatizó que el uso de los recursos del INS se rige dentro de un marco legal.
La Ley Reguladora del Mercado de Seguros dicta que un 25% de las utilidades del Instituto se trasladan, cada año, al Estado; el restante 75% es para capitalizar el negocio de seguros.
La legislación que creó la empresa pública le permite otorgar créditos.
Sin embargo, Soley argumentó que tal autorización está supeditada a las mejores prácticas del negocio de seguros.
El presidente ejecutivo del INS cuestionó el papel de la Sugese como regulador jurídico.
“La Superintendencia no es un controlador del marco legal del INS, sino que es el regulador del Instituto en su actividad de seguros. Las decisiones del INS están fundamentadas dentro de la legislación costarricense”, enfatizó Villegas.
Para Guillermo Constenla, expresidente ejecutivo del INS, la aseguradora pública tiene como objetivo principal utilizar sus ganancias para crecer en un mercado local, pues cada vez hay una mayor competencia.
El Instituto se mantiene como el operador dominante, pero las aseguradoras privadas han ganado terreno.
Constenla explicó que técnicamente es inaceptable utilizar al INS para solucionar las necesidades del Gobierno.