La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) flexibilizó la regla que obliga a las entidades financieras a crear reservas para protegerse en caso del deterioro de sus créditos.

La decisión se toma para "liberarle” recursos a las instituciones financieras y que puedan destinarlo a la colocación de préstamos en momentos en que la economía está en desaceleración, confirmó Bernardo Alfaro, jerarca de la Sugef.

A partir de este año, la Superintendencia redujo del 5% al 2,5% el porcentaje de la utilidad anual proyectada que los bancos deben destinar a la conformación de las llamadas estimaciones contracíclicas, se detalla en el oficio SGF-0077-2019, del pasado 19 de enero.

Cada entidad financiera, con base en sus proyecciones de ganancias, debe guardar por mes la porción que dicta la normativa de la Superintendencia.

Esta reserva especial comenzó a acumularse en el 2016. Al cierre del 2018 ascendió a ¢71.679 millones, es decir, 64% más comparado con el 2017, cuando fue de ¢43.768 millones, según los datos de Sugef.

El objetivo de esta estimación contra cíclica es acumular recursos, en momentos de crecimiento de la economía, y proteger a las entidades financieras cuando se deterioren las carteras de crédito.

LEA MÁS: Cuatro grandes sectores económicos frenan su demanda de crédito

Tiempos de desaceleración

Bernardo Alfaro, titular de la Sugef, explicó que la decisión de reducir el porcentaje de estimación obligatorio se acordó luego de analizar la tendencia del Índice de Auges Económicos.

Este es un indicador interno de la Superintendencia que mide el crecimiento del crédito otorgado por las entidades financieras con operación en el país.

Alfaro detalló que los resultados de la medición, con cierre al 2018, muestran que las carteras de préstamos aún están muy contenidas.

“No hay nada de aceleración en el crédito (…) la herramienta (la provisión) es contracíclica, y no procíclica. Si se mantiene acrecentaría el problema de baja expansión crediticia”, recalcó el Superintendente.

Los datos del Banco Central muestran que el crecimiento del crédito al sector privado se estancó a partir del noviembre del año pasado.

La tasa de variación interanual se mantiene en el 6% desde noviembre del 2018 y hasta febrero anterior.

Alfaro enfatizó en que solo se autorizó una reducción del porcentaje del monto a estimar y no dejar de hacer la estimación.

La Sugef efectuará una revisión del cambio normativo en junio próximo. En ese momento, se determinará si se reduce aún más el porcentaje de la reserva contracíclica, se mantiene o se eleva.

Para María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la economía costarricense necesita reactivarse por lo cual la decisión de la Superintendencia era necesaria.

"Sin lugar a dudas el cumplimiento de la disposición (de Sugef) incide en las decisiones de inversión, particularmente en el sector construcción; la economía requiere de un mayor impulso y para eso se necesitan recursos”, afirmó Cortés.

Por su parte, Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, consideró acertada la decisión de la Sugef dado el ciclo económico actual.

"Si bien la estimación genera aumentos en gasto (reducciones de utilidad y crecimiento potencial del crédito) son medidas de aseguramiento de riesgo”, destacó Ortega.

LEA MÁS: Banca pública prevé menor ritmo de crecimiento del crédito para 2019

Estructura de estimaciones

En el 2018, Caja de Ande fue la entidad con el mayor incremento de la reserva especial ordenada por la Superintendencia.

Al cierre del año anterior, la estimación de la entidad ascendió a ¢18.878 millones, es decir, se cuadruplicó respecto a los ¢4.564 millones del 2017.

Adrián Soto, gerente general de la entidad financiera, confirmó que el fuerte aumento se hizo sin que mediara una orden de la Superintendencia.

Destacó que las reservas totales por deterioro de crédito de la institución cerraron en más de ¢37.000 millones el año pasado.

“Caja de Ande es una entidad solidaria que presta a asociados que tienen baja capacidad de pago y hay casos en los que se debe aprovisionar el 100% del crédito”, dijo Soto.

Mientras, en la banca pública el saldo finalizó en ¢24.272 millones el año pasado, en comparación con los ¢17.588 millones del 2017. En el caso de los privados fue ¢19.711 millones, en el 2018, respecto a ¢15.402 millones, el año previo.