El acuerdo entre la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y sus empleados, de revivir el pago de cesantía de 20 años a quienes se jubilen por vejez o invalidez, amparados en la convención colectiva, provocó pérdidas millonarias en la empresa estatal, en el 2021.
La Contraloría General de la República (CGR) informó, en el oficio DFOE-SOS-IF-00012-2022, de que el aumento en las provisiones por prestaciones legales de ¢802 millones, en el 2020, a ¢8.152 millones, el año pasado, junto con la caída en los ingresos, ocasionó que se tuviera una pérdida neta de ¢12.195 millones, en el 2021.
Carolina Retana, gerente del área Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la CGR, anunció que la institución interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV solicitando la anulación del artículo 100 de la convención colectiva, en el cual la compañía pública se ampara para elevar de 12 años a 20 el reconocimiento de prestaciones legales.
Retana cuestionó la inacción de la Compañía al no buscar la anulación del artículo del acuerdo colectivo, ni renegociado la convención pese a que fue denunciada hace cinco años.
En su informe, la CGR urge que se corrija el cálculo de la cesantía porque generará gastos significativos a futuro para la empresa estatal. Además, por la aplicación de un beneficio a los trabajadoras que tiene roces de inconstitucionalidad.
La empresa eléctrica informó, en un comunicado de prensa, de que el proceso de negociación de la convención finaliza en marzo del 2023 y el artículo relacionado a la cesantía de 20 años se encuentra en análisis. Además, se aseguró que cuentan con una asesoría externa y neutral que permitirá zanjar el tema definitivamente.
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La decisión de elevar el tope de cesantía se tomó en un acuerdo de la Junta de Relaciones Laborales, pactado entre la administración de la CNFL y el sindicato, el 17 de febrero del 2021, reveló La Nación, en setiembre pasado.
De hecho, en ese momento, la entidad justificó su decisión de elevar el tope de cesantía: “La Sala Constitucional no conoció sobre artículo 100 (...) la Administración está obligada a respetar los artículos vigentes de la convención colectiva; al encontrarse vigente, válido y eficaz el artículo 100″, respondió por escrito a este diario.
El acuerdo se hizo pese a que la Sala IV y la Procuraduría General de la República (PGR) advirtieron a la CNFL que el tope de cesantía en el sector público es de 12 años.
En el 2020, los magistrados de la Sala Constitucional anularon el artículo 99 de la convención de la CNFL que reconocía 20 años de prestaciones legales por renuncia del trabajador, pero no el artículo 100 que es cuando se da por jubilación.
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Reestructuración de pasivos
La CGR destacó que, entre el 2020 y el 2021, la CNFL implementó una reestructuración de sus pasivos para bajar sus obligaciones de corto plazo y la exposición cambiaria.
El resultado de la medida fue que la deuda de largo plazo pasó de ¢148.350 millones, en el 2020, a ¢177.419 millones, en el 2021. Pero los compromisos de corto plazo se redujeron en ¢29.619 millones.
Las decisiones tuvieron el efecto de que el gasto por diferencial cambiario bajó 49% en un año. En el 2020, la entidad reportó egresos con exposición al dólar de ¢5.002 millones, y en el 2021, fueron de ¢2.534 millones
También disminuyó el gasto en intereses y comisiones. De los ¢15.411 millones, en el 2020, se redujo a ¢12.468 millones, el año pasado, se destaca en el informe de la Contraloría.
“El aumento en sus obligaciones financieras en el largo plazo para pagar deuda a corto plazo, podría implicar una potencial limitación en su capacidad de inversión en respuesta a las nuevas necesidades del mercado”, advirtió la CGR.
Juan Manuel Casasola, director de Administración y Finanzas de la CNFL, dijo que con la medida ejecutada se redujo la deuda de corto plazo, lo cual era el objetivo. Además de que acatarán las observaciones de la Contraloría en el plan de trabajo financiero.
Para lograr este cambio financiero, la Compañía obtuvo un préstamo de ¢38.600 millones con el Banco Popular, el año pasado, con lo cual canceló pasivos corrientes con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como otras operaciones con Scotiabank y Banco Internacional de Costa Rica.
También adquirió un nuevo crédito con el Banco de Costa Rica (BCR) por ¢51.800 millones, con el propósito de colonizar una parte de la deuda en dólares por un monto de ¢20.168 millones y renegociar bajo nuevas condiciones, con el mismo BCR, un crédito en moneda local por ¢31.632 millones, reseña la CGR.
Asimismo, renegoció un crédito con el Banco Nacional para pasar a colones un anterior crédito en dólares, por un monto total de ¢27.600 millones.
Nota del editor: Esta información fue actualizada a las 3:00 p. m. con la posición de la CNFL.