San José.
La Sala Constitucional estableció, hace 24 años, que cuando se reforma un fondo de pensiones las nuevas reglas de jubilación se aplicarán 18 meses después de promulgada la ley.
Los magistrados consideraron como plazo prudencial mantener, por un año y seis meses, dejar las condiciones de jubilación posteriores al cambio legal y así no afectar los derechos de las personas que estén prontas a jubilarse.
Esta regla legal se ha dictado en cuatro sentencias sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el fondo de jubilaciones del Magisterio Nacional, durante las últimas dos décadas.
Sin embargo, en el caso de las pensiones del Poder Judicial no aplica la jurisprudencia de la Sala IV.
Dos reformas legales –de los magistrados y los gremios– en análisis en la Comisión Especial de Pensiones del Congreso incorporan un artículo transitorio en el cual quien tiene 20 años de cotizar o más al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Corte, cuando se apruebe la reforma, mantienen las condiciones actuales para retirarse, es decir se podrán retirar al cumplir los 30 años de cotizar al régimen, o sea 10 años después.
Para defender la medida, el Poder Judicial se amparó en la Constitución Política, un pronunciamento no vinculante de la Procuraduría General de la República y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Karol Monge, subdirectora de la Dirección Jurídica de la entidad pública, enfatizó que los artículos transitorios de leyes se incorporan solo si generan derechos a favor de las personas.
"En el caso concreto del plazo de los 18 meses establecidos por la Sala Constitucional (...) es el mínimo que debe respetarse a la hora de la aplicación de la normativa entrada en vigencia, como límite para quienes deben conservar el derecho de aplicación de la normativa que se esté modificando o derogando, sin perjuicio de las normas transitorias conteniendo un mayor plazo de dimensionamiento", explicó Monge.
Adriana Orocú, vocera del Frente de Gremios del Poder Judicial, aseguró que los 18 meses dictados por la Sala Constitucional son un referente mínimo.
Pese al argumento del Poder Judicial y los trabajadores, la diputada liberacionista Sandra Piszk aseguró que los proyectos aún están en discusión y es posible realizar modificaciones con el objetivo de fortalecer el fondo de pensiones.
"El transitorio tendremos que discutirlo a la luz del informe actuarial realizado por la Universidad de Costa Rica (UCR) que muestran un panorama muy preocupante. No creo que se pueda mantener", aseguró la legisladora.
Por su parte, el socialcristiano Jhonny Leiva, quien preside la Comisión Especial de Pensiones, aseguró que la misma Sala IV estableció que luego de 18 años de cotizar para un régimen de pensiones se consolidan derechos.
"Una cosa es la consolidación de derechos y otra las personas que están por jubilarse en los próximos 18 mesesl", aseguró Leiva.