San José.
Los presupuestos de todo el sector público de Costa Rica, para el 2015 alcanzan los ¢22 billones, un 9,4% respecto a los presupuestos iniciales aprobados para el 2014, y 2,7% en relación con los definitivos de ese mismo año, informó esta mañana la Contraloría General de la República.
De este total, el 36%, ¢7,9 billones, corresponden al Gobierno Central, el cual lo aprueba la Asamblea Legilslativa, un 63,8%, ¢14.1 billones corresponden a entidades descentralizadas y municipalidades y 0,3%, ¢57.000 millones a entidades privadas que administran fondos públicos.
Los recursos aprobados para el 2015 equivalen al 77% del PIB (producto interno bruto) estimado por el Banco Central para este período y el 25% se destina a salarios, el 21% a transferencias corrientes, el 12% a materiales y suministros y el resto a servicios, amortización, intereses e inversión.
La Contraloría analizó 255 presupuestos, de los cuales: 176 fueron aprobados, 73 aprobados parcialmente y 6 improbados.
Respecto a las instituciones más grandes, la Contraloría hace algunas observaciones.
Por ejemplo, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Contraloría llama la atención de que en el Seguro de Enfermedad y Maternidad las contribuciones sociales, que son el principal ingreso, crecen un 8,8% (el nivel más bajo de los últimos seis años) mientras que los egresos aumentan un 17,5%.
"Los egresos crecen más que los ingresos debido a la disminución de recursos del financiamiento, que serían incorporados posteriormente mediante presupuestos extraordinarios. La CCSS debe continuar los esfuerzos para mejorar la recaudación y controlar los egresos de este régimen, especialmente en remuneraciones, partida que representa el 65% del total de gastos del SEM, y que crece un 15,1%, debido a la creación de 392 plazas en el 2014 y a la previsión de un 5% de aumento a los salarios", señala la Contraloría.
Respecto al presupuesto del ICE, la Contraloría señaló que los ingresos de la institución se redujeron en un 7%, lo cual obedece a que el presupuesto del 2015 no contempla incrementos tarifarios, a que se estimó un monto menor por concepto de costo variable por combustible (al considerar la entrada en operación de las plantas eólicas Chiripa, Orosí y Tilawind) y a que disminuyen los ingresos por concepto de servicios de construcción del proyecto hidroeléctrico Reventazón.
La Contraloría también advierte sobre la baja ejecución de obras en entidades como Recope (Refinadora Costarricense de Petróleo) y Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), así como la situación financiera deficiente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).