La Superintendencia de Pensiones (Supén) advirtió del efecto negativo en la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) si se ejecuta la reforma propuesta al fondo hasta el 2025.

Adoptar las nuevas reglas de jubilación hasta ese año, provocaría una profundización en el impacto de las reservas del régimen, frente a cumplir el periodo mínimo de 18 meses, recomendado por la Sala IV y la la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Modificar las condiciones de jubilación, hasta el 2025, implicarían una pérdida de ¢291.604 millones; es decir ¢93.345 millones adicionales, en comparación a hacerlo en el plazo de 18 meses, cuyo costo ascendería de ¢198.259 millones, según la estimación de la Supén.

En ambos escenarios se da un efecto financiero. Sin embargo, si la Junta Directiva de la CCSS aprueba dar un periodo mayor de transición, para incorporar los nuevos parámetros de retiro, el daño para el régimen sería mayor.

El golpe cuantificado es la repercusión de aplicar un periodo mayor para la eliminación de la pensión anticipada y se calculó con base en el último estudio actuarial hecho al IVM, de julio del 2019.

“La jurisprudencia de la Sala IV ha indicado el periodo de 18 meses como el periodo mínimo para respetar la expectativa de derecho, por lo que la CCSS iría más allá de lo requerido a nivel normativo nacional e internacional, en momentos en que la solvencia del Fondo es crítica, precisamente por la posposición de decisiones“, explicó Rocío Aguilar, jeraca de la Supén.

Adicionalmente, recalcó Aguilar, a dicho efecto debe añadirse el provocado por la pandemia que obliga a la institución a tomar mensualmente ¢25.000 millones de las ganancias de las inversiones para pagar los beneficios a los actuales jubilados.

La reforma al IVM plantea eliminar gradualmente el retiro anticipada para que todos los trabajadores se pensionen hasta cumplir los 65 años, con 300 cuotas cotizadas.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, explicó que se planteó un periodo mayor para suprimir el beneficio con el objetivo de evitar una afectación de las personas que están prontas a jubilarse.

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“Se propuso la eliminación gradual del retiro anticipado que permita a las personas que están cerca de pensionarse no ser afectadas”, explicó Barrantes.

La Superintendenta recalcó que es urgente hacer la reforma al sistema de pensiones, porque sino en el futuro los cambios serán más dolorosos.

“Cada mes que se pospone esta decisión le cuesta más de ¢22.000 millones al régimen, posponerla hasta el 2025 para hacer algo, costará mucho más”, recalcó Aguilar.

La jerarca de la Supén destacó que la medida no va en contra de los trabajadores, sino a favor de ellos, pues es garantizar una pensión a futuro.

Además de que brindará oxígeno al país, para definir una reforma más profunda al sistema de pensiones costarricense.

Aguilar, desde su entrada a la Superintendencia, abogó por un cambio legal que cree un único régimen de jubilaciones en Costa Rica.

Origen del beneficio

La pensión anticipada se creó en la década de 1970, pero se hizo sin ningún fundamento técnico.

El Gerente de Pensiones recordó que, en los 1980, incluso se había aprobado que las personas se pudieran jubilar a los 57 años, pero eso se cambió en la reforma aprobada en 1991 y estableció la actual edad de 60 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

“En este momento, la pensión anticipada representan un importante costo para el sistema por el hecho de que la esperanza de vida aumenta ha aumentado”, reconoció Barrantes.

De hecho, en el último estudio actuarial hecho al régimen, en el 2019, se determinó que suprimir este beneficio tiene el mayor efecto en la sostenibilidad de IVM.

El análisis determinó que su eliminación, a partir de ese año, implicaba alargar la vida del sistema de pensiones en 16 años, es decir la reserva se agotaría hasta en el 2053, en vez del 2037 como está previsto.

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El sistema se fortalece porque se da una reducción significativa en los gastos en el pago de pensiones, bajo las condiciones actuales, frente a suprimir el beneficio.

“El sistema hay que alinearlo a la realidad que vive el país, principalmente en el tema demográfico”, dijo Barrantes.

En el cronograma de reforma planteado en mayo por la Caja, para suprimir la pensión anticipada, se prevé que en el 2021, 2022, 2023 y 2024 se mantengan las actuales reglas vigentes de jubilaciones, es decir, las mujeres podrán adelantar su retiro si cuentan con los 60 años y 450 cuotas; y los hombres a los 62 años, con 462 cuotas.

Sin embargo, a partir del 2025 la edad de retiro se elevará en un año, es decir en las mujeres deberán tener con 61 años. En tanto, para los hombres, la edad será de 63 años.

El retiro anticipado desaparece para los varones en el 2027, mientras que en las mujeres será en el 2029, según el cronograma planteado por la CCSS.

La iniciativa de reforma también propone un cambio en la fórmula de cálculo de la cuantía de la pensión, lo cual generaría un reducción en el monto del beneficio de entre el 3% y hasta el 12%, muestran los cálculos de la Gerencia de Pensiones.

El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica en el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado. A abril pasado, contaba con 308.812 beneficiarios de una pensión.

Nota del redactor

Este artículo se actualizó a las 2 p.m., de este viernes 18 de junio, para detallar con más exactitud el efecto de aplicar las reformas en el 2025.