La revalorización del 30% anual en el monto de la pensión total de un grupo de excongresistas provoca que dicho régimen, creado en 1985, crezca de manera exorbitante.
Para gozar de este beneficio, la persona solo debía acreditar que fue legislador y haber cumplido los 50 años de edad.
El rápido crecimiento del gasto en este régimen, así como el número de jubilados hizo que en 1995 se promulgara una nueva ley, la cual cerró el sistema de jubilación de los exdiputados.
Además, eliminó la metodología para revalorizar las pensiones e impuso un tope a la jubilación de las personas retiradas, que se estableció en 10 veces el salario base más bajo de la Administración Pública.
No obstante, dicho límite fue derogado en 1998, por una nueva reforma al régimen de los exparlamentarios.
El cambio se tomó con base en resoluciones de la Sala Constitucional en las que declaró ilegal recortar beneficios otorgados a personas jubiladas.
Desde entonces, las pensiones de estos exfuncionarios se actualizan de manera automática cada año, sin que medie solicitud alguna del beneficiario.
Sandra Piszk, exministra de Trabajo y actual diputada, dijo que no podían ni limitar ni obviar las revalorizaciones, pues son una obligación legal.
Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo, comentó que con la reforma de 1995 se estableció que la jubilación de un excongresista no podría superar el salario de un diputado en ejercicio.
“Sin embargo, al no estar vigente el tope, condujo a que hoy la pensión de un exdiputado sea mayor que el salario vigente del legislador”, comentó Hasbum.
Otras de las críticas al régimen de jubilación son los extensos beneficios. Por ejemplo, el régimen permite que la hija de un exdiputado herede la pensión, al fallecer este, si nunca se casa, además de que ni el jubilado directo ni los beneficiarios cotizaron para recibir el beneficio.