El Poder Judicial verifica “a mano” el monto de las nuevas pensiones que otorga debido a que el sistema informático utilizado para dicho fin presenta errores desde el 2010.
Así lo determinó la Auditoría Judicial N.° 1057-AUD-2015, Evaluación de la Calidad del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), del 4 de noviembre del año pasado.
El informe alertó sobre la posibilidad de que existan sumas giradas de más.
La investigación de la Auditoría encontró que la Unidad de Jubilaciones y Pensiones, de la Oficina de Administración de Personal, elabora manualmente, en una hoja de Excel, el cálculo para revisar las nuevas jubilaciones otorgadas por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
“Esta situación se presenta debido a que la información de salarios que toma el sistema SIGA para los cálculos de jubilación, no está depurada o no se revisa”, señala el documento.
Para el primer semestre del 2015, de 120 trámites por nuevas pensiones, en el 80% de casos (96 expedientes) hubo ajustes por inconsistencias.
La unidad administradora del sistema estimó, en diciembre del 2014, que el costo de esta herramienta ascendía a ¢3.674 millones, sin contabilizar el gasto en software y hardware ni el pago de cargas sociales de los empleados judiciales.
Defensa. El Departamento de Personal de la Corte argumentó, según el informe auditor, que la información de salarios no se depura porque no disponen del personal requerido.
José Luis Bermúdez, director de Gestión Humana del Poder Judicial, enfatizó que el estudio paralelo del monto de cada nueva pensión es un cotejo para evitar erogaciones incorrectas. “El ejercicio de control permite asegurar que el monto del beneficio de jubilación aprobado es el correcto”, recalcó Bermúdez.
Al 31 de diciembre el 2015, el régimen de pensiones de la Corte tenía 3.528 jubilados. El año pasado, los gastos del Fondo fueron de ¢90.000 millones, de los cuales el 90% fue por pago de pensiones.
El sistema de pensiones se financia, principalmente, con la contribución de un 11% del salario de los empleados judiciales, un 13,75% de la Corte como patrono y un 0,41% del Estado.
Recomendaciones. La Auditoría recomendó a la Dirección de Gestión Humana que un órgano de control independiente, con especialidad en materia salarial, dé seguimiento a las correcciones de las inconsistencias halladas.
“El hecho de que en algún momento se deje de realizar el cálculo manual, no resta la posibilidad de que pueda efectuar una revisión de manera diferente y más ágil de los salarios que conforman la jubilación”, señaló el órgano fiscalizador.
Bermúdez insistió en que el control cruzado de la revisión paralela permite que los beneficios otorgados sean los correctos. }
Añadió que implementaron medidas como la revisión salarial de las personas con los requisitos cumplidos para jubilarse y quienes están pronto a adquirir el derecho. El Consejo Superior del Poder Judicial ordenó a la Dirección Ejecutiva, el 12 de noviembre, eliminar el cálculo paralelo de las nuevas pensiones.