El alcalde de Buenos Aires de Puntarenas, José Rojas Méndez, aseguró, el pasado 9 de junio, por medio de su cuenta de Facebook, que la Municipalidad trabaja en un convenio para aceptar monedas digitales, en específico el bitcóin, como método de pago. Aunque días después el jerarca modificó su mensaje inicial, de todas maneras usar criptomonedas en transacciones con el sector público enfrenta varias limitaciones.

Tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central, así como especialistas en materia financiera, advierten de los roces con la legalidad y los riesgos asociados a este tipo de transacciones con criptomonedas, debido a su volatilidad.

“Gracias al convenio que tiene la Municipalidad de Buenos Aires con el grupo tecnológico GTI, hoy los que ya estén en la era de la moneda digital, pueden pagar sus tributos con la Municipalidad. Si usted tiene una Electrónica de BITCOIN, puede hacer los pagos desde ahí, a través de la plataforma GTI”, expresó Rojas, en su mensaje.

Un día después del anuncio del alcalde, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, le remitió al municipio una misiva donde explicó que la Municipalidad no se encontraba autorizada, ni por ley o por decreto Ejecutivo, a utilizar como forma autorizada de pago ningún tipo de criptomonedas, ya que no cumplen con los requisitos necesarios para ser consideradas por el Banco Central de Costa Rica como monedas de curso legal.

“Me permito advertir que no resulta admisible la posibilidad de cancelar tributos y su adquisición tiene carácter especulativo. No omito manifestar que las personas funcionarias públicas al estar sometidas a cumplir con el principio de legalidad tratándose de recursos públicos, no están en facultad de disponer formas de pago diferentes de las autorizadas por ley”, agregó Villegas en su carta.

Consultado por La Nación, el pasado 16 de junio, el funcionario municipal aclaró que en su comentario no quiso afirmar que el municipio aceptará el bitcóin como método de pago sino que hay usuarios que se han acercado para asegurar que ya utilizan esta moneda y las billeteras digitales para pagar sus obligaciones. Aseguró que es consciente de que esta no es una moneda de curso legal en el país por lo que, a pesar de la autonomía de la institución, no la puede gestionar.

Asimismo, el Banco Central aseguró que el uso del bitcóin tampoco sería deseable, en parte por el problema de trazabilidad, pero fundamentalmente por una razón financiera que radica en la altísima volatilidad mostrada por el valor del bitcóin y otros criptoactivos frente a las monedas de curso legal.

El caso de El Salvador

El anuncio del alcalde bonarense surgió después de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobara, la madrugada de ese mismo 9 de junio, una ley mediante la cual dará curso legal al bitcóin, 90 días después de su publicación. Esto convertiría al país centroamericano en el primero en adoptar esta moneda.

“Lo que pasa es que hay usuarios que nos han comentado que ya lo hacen, es decir, nosotros hicimos esa publicación porque nos llamó la atención que algunos usuarios nos dijeron que bitcóin, y algunas entidades tienen convenios con billeteras virtuales y que eso les ha permitido pagar servicios públicos en Costa Rica”, indicó Rojas.

Sin embargo, recalcó que la municipalidad aún no acepta la moneda como método de pago. “No es que Buenos Aires permite bitcóin sino que tenemos usuarios que están utilizando plataformas que les permite pagar con lo que ganaron en bitcóin pagar todos los servicios”, agregó.

Por su parte, la empresa GTI –con la cual el ayuntamiento dice tener un convenio– aclaró, en una respuesta por correo electrónico, que no gestiona pagos con monedas digitales, pero sí cuenta con un contrato con la Municipalidad de Buenos Aires que permite la conectividad con el sistema bancario, para que los contribuyentes realicen pagos solamente en colones, a través de los canales habilitados por los Bancos.

Volatilidad y riesgos

El economista Douglas Montero explicó que uno de los principales riesgos del bitcóin está en la volatilidad, y que el gobierno lo estaría asumiendo en el caso de recibir los pagos, de manera que si sube el precio del bitcóin se puede beneficiar pero si baja podría sufrir perjuicios.

Dado lo anterior, si las municipalidades hacen su presupuesto con lo recaudado en impuestos cuando el valor del bitcóin era de $60.000, pero cuando lo llegaron a invertir el valor era de $30.000, habría un enorme espacio de déficit.

Los registros de CoinDesk, el sitio especializado en bitcóin y criptomonedas, dan cuenta de la alta volatilidad de los precios del bitcóin. Este es uno de sus principales riesgos.

Por ejemplo, el bitcóin subió por encima de los $60.000 a mediados de abril. Pero a partir de ese momento comenzó a caer de manera acelerada, y con fuertes fluctuaciones. En la actualidad, se cotiza cercano a los $34.365 (28 de junio).

Melvin Garita, gerente de BN Valores explica que la volatilidad del bitcóin le permite a los usuarios tener suficientes fondos como para comprar una casa un día pero al siguiente, ese valor solo sería suficiente para una habitación.

Ese mismo comportamiento se reflejaría también respecto al pago de impuestos o deudas.

“La volatilidad de las monedas podría inclusive poner en una situación de completa indefensión a las personas (debido a que no hay regulación que les respalde) exponiéndolos, eventualmente, a fuertes problemas financieros”, agregó Garita.

Adicionalmente, Montero comenta que los usuarios que quieran hacer pagos con monedas digitales tendrán que tener billeteras digitales, pero no se le puede obligar a los usuarios a tener este tipo de herramientas.

Para convertir un bitcóin en dinero de circulación la única manera de hacerlo es al cambiarlos por dólares y posteriormente a colones para hacer las respectivas compras, pero al convertir las monedas digitales se le debe de dar una justificación al banco y no siempre es aceptado por la entidad debido a que no es de curso legal.

Marco legal

Nikolajs Sulima, abogado y especialista en monedas digitales, explicó que en la legislación de muchos países, el bitcóin se considera una propiedad o una mercancía para efectos fiscales, pero ese no es el caso de Costa Rica.

”Costa Rica necesita que las entidades gubernamentales responsables como el Banco Central, Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) y Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero), introduzcan un marco legislativo y regulatorio bien sólido y claro para activos digitales, para mantener el país al nivel del estándar mundial”, agregó Sulima.

Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton, agregó que en un país donde el bitcóin no es una moneda de curso legal, sin importar la autonomía, los usuarios no pueden cancelar sus impuestos con este método, debido a que las entidades de gobierno, centralizadas y descentralizadas, solo pueden recibir pagos en moneda de curso legal.

“Es importante recordar que uno de los cambios que trajo consigo la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, es sobre el tipo de cambio autorizado para el tratamiento de conversión de la moneda extranjera a moneda nacional. A partir del pasado 1.º de julio del 2019, el único tipo de cambio autorizado, es el tipo de cambio de venta, establecido por el Banco Central de Costa Rica”, agregó Hidalgo.