El Ministerio de Hacienda depositará el salario escolar el próximo 22 de enero, a unos 145.000 empleados públicos.
La entidad estima que pagará ¢127.325 millones, según la Ley General de Presupuesto de la República del 2016.
La Tesorería Nacional efectuará la transferencia de recursos a cada trabajador por medio del Sistema Interbancario de Negociación y Acreditación de Pagos Electrónicos (Sinpe).
El pago incluye a empleados de todos los ministerios de Gobierno Central, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes y Contraloría General de la República.
Las entidades públicas con más trabajadores recibirán el mayor porcentaje de recursos.
Por tal razón, el Ministerio de Educación Pública (MEP) concentrará el 58% del total del salario escolar, es decir, ¢74.874 millones, según Hacienda.
Los trabajadores del Poder Judicial recibirán ¢17.861 (14%) y los del Ministerio de Seguridad Pública, ¢9.047 millones (7%).
El monto de salario escolar de cada funcionario corresponde a los sueldos brutos devengados (incluyendo pagos extraordinarios) desde 1.° de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior, multiplicado por 8,19%, lo que equivale, prácticamente, a un salario mensual promedio recibido durante ese periodo.
Dicho pago extraordinario está exento del impuesto sobre la renta, pero sí se deben aplicar las retenciones por concepto de cuotas obreras a la Caja Costarricense de Seguro Social, embargos y pensiones alimentarias.
Sector privado. Por otra parte, el Banco Popular –una de las entidades donde los clientes pueden hacer un ahorro voluntario para este fin– empezó, la semana anterior, la entrega de ¢1.421 millones de ahorro escolar a 11.000 trabajadores del sector privado.
Juan Carlos Li, subgerente general de Negocios de la entidad, dijo que cada trabajador define el porcentaje de salario que se deduce, para retirar el dinero antes de la entrada a clases. Los rebajos mensuales oscilan entre 4,16% y 8,33% del salario, detalló Li.
El ahorro escolar en el sector privado es voluntario y se creó por ley, en noviembre del 2008, con el fin de brindar un producto especialmente diseñado para financiar los gastos por el comienzo del curso lectivo.