El alza en los gastos, una continua reducción de las ganancias y el crecimiento en el número de nuevos pensionados, sofocan el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Los ingresos del sistema crecieron 11% el año pasado, comparados con el 2012. Pero los egresos subieron un 30% en el mismo periodo, según los estados financieros de dicho régimen especial.
La consecuencia fue que la utilidad del fondo cayó 23%, en el 2013.
Esto provoca que los recursos destinados para pagar las pensiones de los actuales jubilados, sean cada vez menores.
Alfredo Jones, director ejecutivo del fondo, enfatizó que existe un crecimiento natural y razonable en el régimen, concordante con el pago de beneficios a los jubilados y pensionados.
Sin embargo, Édgar Robles, superintendente de Pensiones, recalcó que el deterioro en el sistema es constante y se agudizó en los últimos años.
Si el régimen entra en problemas económicos y financieros, el Gobierno deberá hacerse cargo porque tiene garantía del Estado.
En enero anterior, la Superintendencia de Pensiones (Supén) recomendó cerrar el fondo porque consideró que era insostenible, según un informe actuarial hecho por la entidad.
Pese al estudio, la Corte Suprema de Justicia emitió dos pronunciamientos, el 8 y 22 de abril pasados, en los que aseguró que el régimen no está quebrado, y garantizó el equilibrio del fondo.
“Las jubilaciones y pensiones del Poder Judicial no serán una carga para el Estado ni para la ciudadanía ya que el Fondo es autosostenible con los aportes de sus contribuyentes”, reza el acuerdo de los magistrados.
El régimen del Poder Judicial se creó en 1937. Actualmente, tiene 3.247 jubilados y 12.055 empleados activos que cotizan.
Este es un fondo contributivo en el que aportan los empleados judiciales, el Poder Judicial como patrono y el Estado.
En el 2012, la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. determinó que el Fondo tiene un déficit actuarial de ¢4 billones y sería insolvente en el 2027.
Razones. La combinación de menores rendimientos en las inversiones y el aumento en el número de pensionados es una de las razones que explican el deterioro del fondo.
Los estados financieros del sistema muestran un estancamiento en el crecimiento de los rendimientos reales de las inversiones, en los últimos cuatro años. .
En el 2013, el fondo tuvo una rentabilidad real (que considera el deterioro por inflación) del 2,39%. Como referencia, los fondos de pensiones complementarias lograron un rendimiento del 10%, ese mismo año, según datos de Supén.
“Las tasas de interés obtenidas por el fondo están acorde a los movimientos del mercado bursátil y financiero (…), siendo que las inversiones se han realizado con el mejor rendimiento disponible en el mercado bursátil”, indican los estados financieros del 2013.
Jones aclaró que la metodología para el cálculo del rendimiento de las inversiones del fondo no es comparable con la utilizada por las operadoras de pensiones.
Sin embargo, Robles argumenta que las operadoras sí son un referente pues las estructuras de las inversiones son similares.
La diferencia radica en que la Política de inversiones del Fondo del Poder Judicial establece que la administración de los recursos sea conservadora para minimizar los riesgos. Incluso, se descartan inversiones en el extranjero o bancos privados, para evitar riesgos.
Hasta diciembre anterior, el fondo tenía ¢346.175 millones invertidos en el mercado interno, según el informe de inversiones con corte al 31 de diciembre del 2013.
Por otra parte, en los dos últimos años, la tasa de crecimiento de nuevos pensionados comenzó a acelerarse y superó el 5% interanual.
Para el jerarca de la Supén, a la baja en los rendimientos y el aumento de pensionados, se unen los excesivos privilegios de los jubilados. “La edad promedio de los jubilados es 54 años. Además, reciben el equivalente al 100% de su salario, pese a no haber cotizado lo suficiente”, aseguró Robles.
Jones confirmó que el alza en la cotización para los trabajadores y la Corte como patrono, avalada en el 2012, permitirá mejorar los ingresos del sistema. El aporte del empleado pasará del 9% del salario al 11% y el del Poder Judicial de 11,75% a 13,75%, en un periodo de 24 meses que se cumple este año.