Mandos medios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se organizan para combatir los supuestos resultados negativos del estudio independiente que actualmente analiza la sostenibilidad del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Así consta en una carta dirigida a Miguel Pacheco, gerente de Pensiones, donde se alerta acerca de los resultados adversos que se obtendrán del estudio actuarial que se aplica a este sistema de pensiones, y de la necesidad de formar un bloque defensor interno en la institución.
La carta, identificada con el consecutivo DPS-478-2014, del 22 de julio pasado, y de la cual tiene copia La Nación , fue suscrita por Marianita Dormond, directora de Prestaciones Sociales de la institución.
La Caja y la Superintendencia de Pensiones (Supén) firmaron, el pasado 28 de julio, el contrato con la empresa argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc. para la evaluación financiera al IVM. Los resultados se conocerán en el 2015.
“En una reunión en la que participé se habló de una estrategia para contrarrestar los efectos negativos de un estudio que utilizaría un método de evaluación que no se ajusta al sistema de financiamiento del IVM”, reconoció Dormond en respuestas por escrito a La Nación .
En la cita se propuso la creación de un grupo defensor. Este –según la carta– se encargaría de las acciones internas en defensa de la entidad contra los resultados negativos del estudio financiero. Incluso, en la misiva se sugiere que habrá un taller “como parte de la estrategia de unidad del grupo defensor”.
María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, dijo que tanto ella como la Junta Directiva de la CCSS desconocen de la creación de un grupo interno para defender a la entidad de los resultados de un estudio que apenas se inicia.
Cita. La misiva hace alusión a una reunión del Consejo de Gerencia de Pensiones, el pasado 21 de julio, en la que participaron funcionarios de dicha dependencia, de la Auditoría Interna y de la Dirección Actuarial de la entidad autónoma.
Miguel Pacheco, gerente de Pensiones, y Luis Guillermo López, director actuarial, estuvieron presentes en esta actividad, según confirmó Dormond.
Ni Pacheco ni López contestaron las consultas de La Nación enviadas por correo electrónico a la oficina de Comunicación Organizacional de la CCSS.
Por su parte, Jorge Arturo Hernández, auditor interno de la CCSS, afirmó que el departamento bajo su mando no es parte del grupo que se organiza contra el estudio actuarial al IVM, pero aceptó que tres funcionarios de la Auditoría sí estuvieron en la reunión.
“Desconozco de los temas que se hablaron en la reunión. El único punto en el que participamos fue sobre la realización de un taller que se hace hoy (el viernes pasado) en Puntarenas”, recalcó Hernández.
Añadió que ninguno de sus subalternos le informó de los temas que se conversaron en la cita.
Ubaldo Carrillo, director de Pensiones, quien participó en el encuentro, descartó que se prepare una estrategia institucional en defensa de la Caja contra los resultados del estudio actuarial.
“De ninguna manera podemos decir ni asumir cuál será el resultado del estudio”, afirmó Carrillo.
Según la carta, en la cita se cuestionó el análisis contratado porque el régimen se evaluará con dos metodologías y una es diferente a la que usa la Caja.
Carrillo adelantó que la Gerencia de Pensiones solo tomará en cuenta una parte del estudio encargado, no su totalidad, a la hora de evaluar posibles cambios al IVM.
Por el estudio actuarial, la Caja y Supén pagarán $125.000.
Édgar Robles, jerarca de la Superintendencia, aseguró que los dos métodos pedidos a Melinsky aportarán insumos importantes para obtener una radiografía detallada del estado del régimen.
“No es que sea más importante un estudio sobre otro, sino que son dos indicadores que ayudan a la toma de decisiones sobre los cambios al sistema de pensiones”, aseguró.
La idea de hacer una valoración independiente al IVM nació en octubre del 2011, cuando Robles acusó a la Caja de maquillar los estados financieros de este régimen.