En las manos de los 22 magistrados que integran la Corte Plena está el futuro de la controversial Regla IV, que permitió la jubilación de 403 funcionarios bajo condiciones que aparentemente son irregulares.
Para decidir, el máximo órgano del Poder Judicial está a la espera del pronunciamiento de las asociaciones de empleados, según informó el Departamento de Prensa de la institución.
La Regla IV es una interpretación que se elaboró en el 2000 de los requisitos de jubilación estipulados en la Ley del Poder Judicial y en la Ley Marco de Pensiones.
Esta posibilitó que funcionarios de 55 años de edad se acogieran a la jubilación y que el monto de su pensión se calculara con base en los últimos 12 salarios devengados.
De hecho, la más reciente jubilación dada con estos beneficios se otorgó a partir del 1.° de mayo de este mismo año.
Para la Superintendencia de Pensiones (Supén) se trata de una norma irregular y así lo ha venido advirtiendo a la Corte desde el 2005, sin que a la fecha se hayan tomado acciones.
La oficina de prensa del Poder Judicial rechazó, sin embargo, que la institución haya ignorado este asunto. Prueba de ello, aseguraron, es que un magistrado fue encargado para estudiar la situación.
“El estudio de este tema se inició desde hace varios años, por ello se asignó al magistrado Óscar González para que emitiera un dictamen ante la Corte Plena. Las aplicaciones de la Regla IV han sido criterios jurídicos de interpretación. En ningún momento se han desatendido los informes al respecto”, respondió el Departamento de Prensa ante consultas plantadas por este medio.
Aparte de la aplicación futura de la norma, la Corte también deberá decidir si van a cobrar los dineros pagados de más.
También resolvería si el Poder Judicial planteará un proceso de lesividad (contra sus propios actos) ante el eventual daño a la Hacienda Pública por el pago de ¢4.000 millones de más.
“Este es un tema que debe resolverse en Corte Plena, por lo cual debemos esperar para dar la respuesta”, contestaron los voceros.