El Poder Ejecutivo propondrá a China una renegociación total del proyecto de modernización de la refinería de Moín, en Limón.
Así lo confirmó a La Nación el mandatario Luis Guillermo Solís. La decisión se fundamenta en que esta administración tiene dudas sobre las condiciones en que fue negociada la iniciativa, cuyo costo estimado es de $1.500 millones.
“La verdad preferí comenzar por donde me pareció más transparente, que era renegociándolo todo. Me parece que implicaría un cambio en la naturaleza contractual”, aseguró el presidente.
Solís confirmó que el Gobierno está imposibilitado para detener el proyecto, hasta tanto no se defina el futuro del plan.
Las bases para replantear el megaproyecto fueron acordadas en junio pasado en una cita de Solís con su homólogo chino Xi Jinping.
La idea de la nueva refinería surgió en 2007, luego de que el entonces mandatario Óscar Arias finalizara las relaciones con Taiwán para abrirlas con China.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la estatal China National Petroleum Company (CNPCI) crearon la firma conjunta Sociedad Reconstructora Chino- Costarricense S. A. (Soresco), encargada de dirigir el proyecto.
Entre enero del 2010 y agosto anterior, Soresco ya había gastado $60,4 millones de los $100 millones de aporte de capital entregados por ambas naciones, según los estados financieros de la compañía.
Sin embargo, el plan no avanza. En junio del 2013, la Contraloría General de la República le prohibió a Recope usar el estudio de factibilidad del proyecto y desde entonces se desconoce qué sucederá.
Javier Abarca, jefe de la iniciativa de la refinería en Recope, dijo que están en busca de una propuesta legal y económica para poder reanudar los trabajos; no obstante, la decisión final será de los Gobiernos de China y Costa Rica.
Investigaciones abiertas. Por otra parte, la Contraloría confirmó que el Área de Denuncias e Investigaciones abrió en enero anterior las pesquisas contra Soresco, para lo cual solicitó información a la empresa conjunta. Las autoridades declinaron dar más detalles, pues el proceso es confidencial.
Abarca aseguró que tanto Recope como Soresco han colaborado con las solicitudes del ente contralor y del Ministerio Público.
En julio del 2013, la Fiscalía General de la República allanó las oficinas de las dos empresas. Después de transcurrido un año, dicha dependencia del Poder Judicial aún mantiene en investigación el caso de la refinería china.
Según el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Cubillo, los delitos que se investigan son los de peculado e influencia contra la Hacienda Pública.
“El expediente se encuentra en la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas”, señaló Cubillo, al añadir que no hay personas imputadas.
Debido a la etapa en que está el proceso, la Fiscalía todavía desconoce si elevará el caso a juicio.