Los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado gestionado por BCR SAFI acordaron crear un comité de vigilancia que revisará el endeudamiento de este instrumento financiero, de manera inmediata.
Dicho órgano quedó integrado por un representante de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y de Popular Pensiones. Así como dos inversionistas individuales, según la decisión tomada en la asamblea extraordinaria de inversionistas, realizada este lunes 11 de diciembre.
Rodrigo Alberto Carazo, vocero de un grupo de inversionistas, explicó que el principal mandato dado al comité de vigilancia fue el de verificar, junto con BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), la forma en que se encarará el pago de los créditos obtenidos a nombre del fondo inmobiliario para la compra de inmuebles.
“Son deudas enormes y no vemos la manera de cómo se podrán atender. Posponerlas es simplemente hacer el hueco más grande”, aseguró Carazo.
BCR SAFI explicó que la función del comité de vigilancia será la de fungir como un enlace entre la administración y los inversionistas, se reunirá de manera mensual, revisará con detalle la información del fondo inmobiliario y formulará preguntas.
Actualmente, el monto de financiamiento del fondo inmobiliario es de $144,9 millones, es decir, el equivalente al 36,1% de los activos totales. El endeudamiento del fondo inmobiliario se generó a raíz de la compra de propiedades en años anteriores.
Por ejemplo, como parte de la deuda estuvo la adquisición del polémico Parque Empresarial del Pacífico (PEP) que actualmente es investigada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y el Ministerio Público.
Los acreedores del fondo son Davivienda, el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y el propio BCR. Las operaciones comenzarán a vencer en los primeros meses del próximo año.
Entre abril y mayo del 2024, a Davivienda se le deben cancelar $44,2 millones. Mientras que, en abril del 2025, al BCR se le deben cancelar $77,5 millones y a Bicsa, en mayo de ese año, $19,2 millones.
BCR SAFI, subsidiaria del Banco de Costa Rica, detalló que para reducir el endeudamiento del fondo inmobiliario tienen prevista la venta de propiedades por un valor de $41,5 millones. Además de que negocian la reestructuración de las operaciones de crédito.
Allan Marín, gerente general de BCR SAFI, afirmó que el objetivo de las acciones anunciadas es mejorar la rentabilidad de los fondos que administran.
“Hemos estado brindando charlas trimestrales con información a los inversionistas para que conozcan los resultados de las acciones que estamos tomando”, dijo Marín.
Sobre la apertura del procedimiento administrativo de la Superintendencia, por la compra del PEP, la sociedad administradora insistió en que su actuación se encuentra apegada a derecho.
Además, defendió que las valoraciones externas realizadas permitieron confirmar que el precio acordado cumplía con las regulaciones necesarias. El inmueble se compró en $70,8 millones.