El Gobierno proyecta obtener financiamiento externo, por la vía de créditos de apoyo presupuestario, por un total de $1.179,6 millones, durante el 2024. Esta suma es independiente de los $1.000 millones que se esperan obtener con la colocación de eurobonos del segundo semestre.
Así lo indicó el Ministerio de Hacienda en el plan de financiamiento para el 2024. “Contamos con los dos desembolsos del FMI y los dos créditos de apoyo presupuestario que tenemos con la Asamblea Legislativa por $1.100 millones para el 2024″, explicó Ariel Barrantes Soto, director de Crédito Público, durante la presentación de la propuesta, el 29 de febrero.
Los cuatro financiamientos equivalen al 1,32% del producto interno bruto (PIB) previsto para este por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Se considera un tipo de cambio de ¢512,94, valor promedio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), al 5 de marzo del 2024.
Los cuatro empréstitos se dividen entre tres acreedores diferentes, entre los que se incluyen los acuerdos ya suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del Servicio Ampliado (FSA) y el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).
Además de estos fondos, Costa Rica recibiría desembolsos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un total de $410 millones, los cuales están pendientes de ser aprobados en la Asamblea Legislativa.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explicó que estos préstamos permitirán al Gobierno hacer frente a los gastos que, de otra manera, deberían financiarse en el mercado interno de deuda. Esto implicaría tasas de interés más altas y plazos más cortos.
Leonardo Cabrera, Gestor de Negociación de Mercado de Valores, señaló que el Ejecutivo accede a esta herramienta con el propósito de disminuir la presión de captación de recursos en el mercado local.
Cabrera coincidió en que estos empréstitos tienen tasas más bajas de las que recibiría el Gobierno si captara recursos en el mercado local o internacional. Sin embargo, también impactan al mercado, ya que Hacienda disminuiría su necesidad por financiarse por medio de subastas, aumentando la liquidez del mercado secundario, lo que podría traducirse en una presión a baja de los rendimientos.
Fernando Naranjo, exministro de Hacienda y socio de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), criticó que el Gobierno “está abusando” del financiamiento externo para financiar gastos corrientes, como servicio de la deuda, salarios o la compra de bienes.
“Yo considero que cuando un Gobierno se endeuda en el exterior debe ser para obras físicas, pero no para gastos corrientes (...) Lo más sensato es que el Gobierno renegocie esos préstamos externos para elementos específicos”, opinó el exministro.
La previsión más actualizada de Hacienda para estos créditos varió con la que presentaron en agosto del 2023 para el 2024, cuando anticipaban recibir cuatro créditos más por $1.361 millones adicionales. Los dos créditos que aún están a la espera de aprobación legislativa se preveían para ingresar a las arcas públicas en 2023, pero no fue así.
Acosta explicó que para este plan de financiamiento no se incluyeron créditos que aún no se hayan presentado ante el Congreso, además de que en otros empréstitos, como el caso del que negociaban con el Gobierno de Canadá, por $91 millones, no se logró un acuerdo en las condiciones.
“No vamos a incluir créditos que no se hayan presentado a la Asamblea Legislativa, como se estilaba antes. Esto para no generar expectativas de mayor endeudamiento en moneda extranjera”, explicó el jerarca.
El jerarca de Hacienda reiteró que el Ejecutivo está dispuesto a negociar que máximo 10% de los recursos obtenidos se destine al pago de la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y señaló que el Gobierno no tendría que pagar intereses ni penalizaciones económicas ante una eventual renuncia de los empréstitos.
Esta es una posición que el jerarca de Hacienda ya había expresado en enero anterior, lo que generó la reacción del BID, ente que anunció su preocupación y señaló que una renuncia a estos préstamos complicaría nuevos financiamientos en el futuro.
Naranjo opinó que utilizar la totalidad del dinero para pagar la deuda a la CCSS es algo tangible y “preferible”, en su opinión, en lugar de utilizar esos recursos para el pago de gastos corrientes.
Acosta también indicó que en caso de no hacer uso de los créditos que aún están pendientes de aprobación, deberá obtener los recursos en el mercado local, probablemente a mayores tasas de interés.
“Por eso es que debemos tener flexibilidad y no depender de un acuerdo político adicional para financiar un presupuesto que ya fue aprobado por la misma Asamblea Legislativa”, opinó.
Según confirmó el Ministerio de Hacienda en la presentación del plan de financiamiento, para el 2024 se deben cancelar vencimientos en moneda extranjera por $2.905 millones.
De igual forma, para el segundo semestre el Ejecutivo prevé hacer la colocación por $1.000 millones de eurobonos en el mercado internacional.