El Gobierno Central paga a 1.745 jubilados pensiones superiores a los ¢2,6 millones mensuales, montos que se financian con recursos del Presupuesto Nacional.
Así lo detalló ayer el ministro de Hacienda Helio Fallas, durante una conferencia de prensa en la que también entregó los resultados financieros del Gobierno con corte a mayo.
Añadió que la pensión más alta es de ¢16 millones y que a 300 personas se les destina cada mes poco más de ¢5 millones. “Nadie cotizó jamás para recibir una suma de dinero de pensión tan grande”, dijo Fallas.
Las pensiones cuestionadas por Hacienda benefician al 3% de los 60.000 jubilados de estos sistemas, pero consumen el 15% de su presupuesto total.
El costo de las jubilaciones a cargo del Presupuesto Nacional es de ¢708.042 millones, según el informe técnico a la Ley de Presupuesto de la República del 2014, de la Contraloría General de la República. La totalidad de dichas pensiones se financian con impuestos.
Como referencia, en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, la pensión más alta es de ¢1,4 millones.
Los regímenes especiales de pensiones financiados por el Gobierno son 14 y están cerrados. Los principales son el del Magisterio Nacional, que representa el 58,5% del total de los recursos presupuestados este año y el de Hacienda y el de los exdiputados, el 14%.
Los jubilados del Magisterio cotizan una parte de su pensión al régimen. Para este año el aporte será de ¢64.000 millones, según el documento del ente contralor.
Propuesta. Hacienda estudia junto con la Procuraduría General de la República cuáles medidas puede aplicar para frenar el aumento en el monto de estas pensiones.
Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, explicó que hay regímenes como el del Magisterio, con topes al monto de la pensión máxima. Sin embargo, no está claro si tales límites se aplican.
“Muchas de las personas que tienen pensiones tan altas es porque tuvieron puestos públicos de alto rango y luego pidieron una actualización de la pensión a dicho cargo. Tal como se los permitía la ley en ese momento”, dijo Rodríguez.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) advirtió hace dos años, en el informe SP-162-2012, del que tiene copia La Nación , que no encontró evidencia de que los topes a las pensiones se aplicaran.
Así concluyó la entidad tras una fiscalización a la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), órgano que regula las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional.
“La DNP informó, en el 2012, que estaba pidiendo una reunión al Ministerio de Hacienda para coordinar este tema. Pero no conocemos el resultado de esa gestión”, detalló Édgar Robles, jerarca de Supén.
Se consultó sobre el tema a Ramón Alfonso Soto, vocero de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, pero no respondió al cierre de esta edición.