El Gobierno defendió anoche la directriz ejecutiva de permitir la conciliación en los procesos penales por denuncias de delitos tributarios, al señalar que permitirán recuperar de manera ágil recursos adeudados al Estado.
“Conciliar no es perdonar, ni buscar beneficios que generen impunidad, en ese punto no existen contradicciones ni diferencias en el Gobierno de la República”, expuso el presidente Luis Guillermo Solís en un comunicado de prensa.
El pasado martes el Ministerio de Hacienda anunció la eliminación de una norma dispuesta en el 2012 por la administración de Laura Chinchilla, que prohibía la conciliación en procesos judiciales por supuesto fraude fiscal.
En el boletín, Solís recalcó que la directriz emitida no modifica las obligaciones tributarias pendientes, ni el Código Tributario.
“Lo que permite es evitar largos procesos judiciales y que se recuperen los recursos en plazos más cortos”, aseguró el gobernante.
Por su parte, el jerarca de Hacienda, Helio Fallas, explicó que la decisión de ir o no a un arreglo de pago es de la Procuraduría General de la República.
“El acuerdo conciliatorio da por terminado el proceso penal pero no implica una condonación de la deuda tributaria”, aseguró Fallas.
Fabricio Echeverría, abogado de Hacienda, explicó que la prohibición de conciliar estaba incluida en una directriz ejecutiva que era inferior a la ley de la Procuraduría, que sí permite el uso de la figura.
“Se determinó que no se puede limitar una norma inferior una superior”, dijo Echeverría.