San José.
Las tres reformas legales al régimen de pensiones de la Corte, en discusión en la Asamblea Legislativa, no salvan de la insolvencia al fondo de jubilaciones de la institución.
Así lo concluyó el estudio actuarial elaborado por la Universidad de Costa Rica (UCR) que revisó las iniciativas legales para modificar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. El documento se entregó el pasado 7 de abril.
El análisis determinó que, pese al cambio legal, el déficit actuarial del sistema sería de entre ¢1,8 billones en el supuesto más optimista, y ¢8 billones en la proyección más pesimista. Dicho monto significa entre 5% y el 25% de la producción de Costa Rica este año.
En el escenario base –aquel más cercano a la realidad– el sistema reporta un faltante de recursos que oscila entre ¢3,88 billones y ¢5,36 billones.
El trabajo elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, no tomó en cuenta la iniciativa legal presentada por la Superintendencia de Pensiones (Supén). Los legisladores aún discuten si incorporan o no este texto a su discusión.
"Efectivamente en los proyectos de ley hay una reducción del déficit (actuarial), pero es insuficiente para dar sostenibilidad al régimen", explicó José Antonio Cordero, director del IICE.
El estudio de la Universidad solo revisó los proyectos presentados por los magistrados, los gremios del Poder Judicial y el texto planteado por un grupo de diputados, pues así se acordó en el convenio entre la Corte y la Universidad.
La valuación actuarial de la UCR realiza una proyección de los ingresos y gastos del fondo en un plazo de 75 años y luego trae a valor presente el superávit o déficit del régimen.
El IICE ha entregado cuatro avances, pero el informe final se enviará en las próximas semanas a la Corte.
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El fondo de pensiones del Poder Judicial reportó una reserva de ¢444.684 millones a marzo anterior, según los estados financieros del régimen. Actualmente tiene 3.703 pensionados y 12.722 trabajadores activos.
Panorama complicado.
La única forma para lograr el equilibrio futuro del fondo es que la cotización tripartita (empleado, patrono y Estado) se eleve hasta el 43% el salario mensual de cada trabajador, según el informe.
Sin embargo, el estudio de la UCR ratifica que dicha posibilidad no es viable.
Actualmente la cotización es de 26,60% en donde 14,36% es aporte patronal, 11% del trabajador y pensionado; y 1,24% del Estado.
Cordero confirmó que en el estudio final propondrán una serie de ajustes al régimen para reducir, al máximo posible, el déficit actuarial.
"La idea es tratar de minimizar o eliminar, en la medida de lo posible, la carga fiscal que el Estado debería asumir", detalló el director del IICE.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, confirmó que la institución no tomará ninguna decisión hasta tener el estudio definitivo.
"Las recomendaciones para la reducción del déficit actuarial, señalado en el informe de avance de la UCR, serán analizadas una vez que se presente el producto final que incluirá la propuesta para mantener la solvencia del régimen de jubilaciones", aseguró Romero.
Adriana Orocú, del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, enfatizó que el estudio de la UCR muestra proyecciones para determinar cuáles medidas se podrían tomar para darle sostenibilidad al régimen al largo plazo.
Las reformas.
Las reformas legales en estudio en el Congreso plantean la creación de un tope a las pensiones de 12 salarios base (¢4,8 millones), pues actualmente no existe y hay jubilaciones mensuales de más de ¢9 millones.
Además elevan la edad de retiro de 60 años a 62 años para los hombres y se mantiene en 60 años para las mujeres.
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También se impone una contribución solidaria al fondo entre el 20% y 50% sobre el exceso del tope de jubilación.
Las iniciativas incorporan el incentivo de postergación de la jubilación por vejez, incentivo que actualmente no existe.