Estudio al IVM recomienda exigir más cuotas y elevar aporte obrero-patronal a 20%

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El estudio actuarial independiente realizado al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) propone subir el aporte obrero-patronal y la cantidad de cuotas necesarias para jubilarse, con el fin de dar sostenibilidad al régimen a largo plazo.

La iniciativa, planteada por el actuario Eduardo Melinsky, recomienda llevar la cotización a niveles del 20% a partir del 2045, según el Informe final Valuación actuarial al IVM, del cual tiene copia La Nación .

Actualmente, el aporte al IVM asciende al 8,50%, donde los patronos cotizan un 5,08% por cada empleado, el trabajador un 2,84% y el Estado, 0,58%.

Esta cotización llegará hasta el 10,50%, a partir del 2035, como parte de la última reforma hecha al IVM, en el 2005.

Pese a este aumento previsto, el estudio contratado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Superintendencia de Pensiones (Supén), concluye que será insuficiente para cumplir con las responsabilidades futuras del fondo.

Por otra parte, el informe recomienda incrementar el número de cuotas mínimas requeridas para jubilarse.

De esta manera, la cantidad de aportes para jubilarse por vejez debería de aumentar de 300 a 360. En el caso de la jubilación proporcional planteó pasarla de 180 a 240.

El estudio recomendó mantener la edad mínima para jubilarse, que hoy es de 65 años.

Melinsky también propuso eliminar los conceptos de pensión anticipada y reducida.

Para el actuario, la combinación de las medidas permitirían extender el horizonte de sostenibilidad del régimen hasta el 2055.

El informe recomendó realizar un proceso transparente de comunicación de los resultados del estudio, pues será necesario un proceso de negociación entre el sector privado y el público para darle solidez al IVM.

Además, acepta que poner en marcha las nuevas reformas no será un proceso fácil. Cualquier cambio en el régimen podría tardar varios años de negociación entre los patronos, trabajadores y el Estado.

Asimismo las medidas que se negocien no son inmediatas, pues debe darse un plazo legal de 18 meses antes de la aplicación.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, recalcó que, independientemente del estudio de Melinsky, se analiza la situación financiera y se desarrollan acciones, con el propósito de fortalecer el régimen a largo plazo.

El nuevo estudio actuarial plantea explorar la posibilidad de incorporar fuentes adicionales de financiamiento al IVM, debido a la capacidad reducida de contribución por parte de los sectores sociales del país.

Álvaro Ramos, jerarca de Supén, mencionó recientemente la posibilidad de que el Estado haga aportes extraordinarios al IVM.

Por su parte, el exdiputado Wálter Coto propuso hace tres años la posibilidad de utilizar parte de la recaudación del impuesto de ventas para financiar el régimen.