El estudio actuarial independiente que determinará la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) llegará con tres años de retraso.
En la tarde del 12 de octubre del 2011, Édgar Robles, superintendente de Pensiones (Supén), advirtió que las cuotas de los contribuyentes no alcanzaban para pagar las pensiones y acusó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del sistema, de maquillar los estados financieros.
Ambas instituciones tuvieron que, a regañadientes, ponerse de acuerdo y establecer un cartel de licitación –proceso que tardó dos años–, y contratar a una empresa para analizar la vida útil del sistema de IVM a largo plazo.
El cronograma bipartito indica que el trabajo se adjudicará hasta noviembre próximo.
La urgencia con que se trató el tema de IVM en un principio se diluyó entre cartas del ente supervisor, a una institución reacia a dejarse supervisar.
“La CCSS está a la espera de los resultados del estudio actuarial conjunto a efectos de tomar las medidas que correspondan para mejorar la situación actuarial del régimen. Pero no tiene ninguna prisa para apurar el proceso de contratación”, confesó Robles.
José Luis Quesada, gerente de Pensiones de la Caja, se limitó a informar que el proceso está en su última etapa de análisis de ofertas.
El economista Pablo Sauma, quien fue parte de la Junta de Notables de la CCSS, catalogó de barbaridad que haya pasado tanto tiempo sin resultados.
“Estos temas no deben de tardar años, van demasiado lento”, enfatizó.
Además advirtió de que si las reservas de IVM se acaban, y no se ha tomado una decisión, el Gobierno deberá asumir el pago de las pensiones endeudándose más, pues así lo establece la Constitución Política. Así ocurre con algunos regímenes especiales actualmente.