Quince empresas públicas generaron mayores ganancias al Gobierno el año pasado.
Las compañías trasladaron ¢86.300 millones al Poder Ejecutivo de las utilidades generadas en el 2014, lo que significó un alza del 32% frente al 2013, cuando remitieron ¢65.200 millones, según la liquidación financiera y presupuestaria de las entidades.
Poco más de la mitad del dinero (¢45.400 millones) ingresó al Ministerio de Hacienda por concepto de pago de impuestos, un monto que creció, en parte, por la fiscalización de Tributación.
El resto de los recursos se remitieron a entidades adscritas a instituciones del Gobierno y a la entidad estatal encargada de fomentar el cooperativismo. Las transferencias fueron de ¢33.700 millones y ¢7.130 millones, respectivamente.
Adicionalmente, las compañías estatales repartieron ¢24.400 millones a organizaciones privadas sin fines de lucro.
En total, en el 2014, las empresas públicas tuvieron un resultado bruto (antes del pago de impuestos y transferencias) de ¢510.500 millones de las actividades lucrativas que realizan.
La utilidad bruta es lo que queda a las entidades luego de descontar de sus ingresos, el pago de salarios, servicios, etc.
El monto anterior equivale a un 2% de la producción del país y casi la mitad del déficit fiscal del año anterior.
De dicha ganancia, tres cuartas partes se destinan, este año, a la operación o actividad comercial de las compañías. El resto del dinero fue el traslado al Gobierno y entidades sociales privadas.
Primeros. Los bancos públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Junta de Protección Social (JPS) generaron casi el 70% de la ganancia bruta de las empresas públicas.
Además, destacaron por el mayor pago de impuestos y transferencia de recursos.
Resalta el INS, que trasladó, por primera vez desde la apertura del mercado, el 25% de las ganancias generadas en el 2014 al Estado. Dicho monto ascendió a más de ¢11.200 millones y se entregó en el primer trimestre del año.
La aseguradora estatal también reforzó las reservas de los seguros obligatorios para cubrir eventuales pérdidas, detalló Elian Villegas, presidente ejecutivo del INS.
Por otra parte, la JPS fue la entidad que más dinero trasladó para programas sociales. A asociaciones y organizaciones sin fines de lucro repartió ¢20.100 millones y a instituciones gubernamentales casi ¢6.000 millones, según la liquidación presupuestaria de la entidad.
“La ley nos estable los destinos de los recursos desde los hospicios de huérfanos hasta los asilos de ancianos, así como la fiscalización del uso del dinero”, explicó Milton Vargas, gerente general de la JPS.
Vargas añadió que, aunque el dinero es mucho, no alcanza para las necesidades sociales ni las solicitudes recibidas cada año.
Del lado de la banca, el dinero repartido fue al sistema de becas público, el fondo de emergencia, para cooperativas y a programas de crédito blando.
Ese fue el caso del Banco Popular, que utiliza el 5% de sus utilidades de la institución financiera para préstamos dirigidos a las micro y pequeñas empresas, comentó Roger Conejo, director de Banca Social de la entidad.