Las discrepancias entre los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) empiezan a sobresalir ante la discusión para efectuar reformas en los pluses salariales de los trabajadores de la institución.
Para algunos miembros de la Junta Directiva, los derechos adquiridos de los empleados impiden hacer cambios de fondo. Mientras que, para otros, sí son posibles las modificaciones.
Sí hay coincidencia en que el camino de los eventuales cambios será difícil, pues la mayoría de beneficios en los salarios de la Caja fueron creados por ley.
María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, comentó que las discrepancias dentro de la Junta son parte de la fase de discusión.
“Estamos en el proceso de búsqueda de soluciones dentro del marco jurídico y el respeto a los derechos de los trabajadores”, reconoció Sáenz.
Tanto los directivos Mario Devandas, del sector trabajador, y José Luis Loría, del cooperativismo, insisten en que los derechos adquiridos tienen prioridad sobre las reformas.
Otro aspecto que ha provocado tensiones es la lentitud en la Caja para tomar decisiones.
Los directivos Adolfo Gutiérrez, representante empresarial, y Rolando Barrantes, representante del Gobierno, solicitaron, desde principios de año, un análisis de los gastos de la planilla y de la política de contrataciones de la CCSS.
Barrantes pidió, desde abril pasado, un estudio sobre por qué la cesantía llegará a 20 años en el 2016 . Sin embargo, cinco meses después, se quejó porque aún no hay respuesta de la Dirección Legal, según consta en el acta 8.802 del pasado 24 de setiembre .
Sáenz insistió en que cada incentivo salarial se analiza por separado, pues su origen responde a distintos momentos y condiciones institucionales. La entidad ordenó un estudio sobre pluses que aún está por entregarse.